El gobierno del presidente Gustavo Petro acelera el trámite de un borrador de decreto que reglamentará la nueva fórmula de financiación de las universidades públicas en Colombia, con el objetivo de dejar el documento firmado antes del 7 de agosto de 2026. La medida busca establecer las reglas de juego para la aplicación de la Ley 2568 de 2026, que reformó los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, y cuyas disposiciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2027. El borrador fue revelado en julio de 2026 y el Ministerio de Educación Nacional, bajo la dirección del ministro entrante Daniel Rojas Medellín, con el viceministro Ricardo Moreno Patiño y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, William Felipe Hurtado Quintero, solicitaron reducir el plazo de comentarios ciudadanos de 15 a 7 días, argumentando el vencimiento del plazo legal para reglamentar la ley, que vence el 19 de agosto de 2026.
La discusión en torno a la reglamentación se intensificó luego de las declaraciones de la ministra de Educación designada, Viviane Morales, quien advirtió sobre una «asfixia financiera» en las universidades públicas. Ante estas afirmaciones, el presidente Gustavo Petro respondió acusándola de querer «apagar la luz del conocimiento», en medio de un clima de transición gubernamental que dejará el próximo 7 de agosto al presidente electo Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario. Así, si el decreto se firma antes del cambio de gobierno, la próxima administración heredará una reglamentación ya trazada, sin posibilidad de modificarla de inmediato.
La nueva normativa fija índices, metas y una ruta de gasto que transformarán el modelo de financiamiento vigente por más de tres décadas. Según el Ministerio de Educación, en un comunicado difundido por la Revista Cambio, «la expedición oportuna del presente decreto resulta indispensable para que las instituciones de educación superior estatales u oficiales inicien el alistamiento institucional requerido para la implementación del nuevo modelo de financiamiento».
Las cifras del nuevo modelo de financiación
El borrador establece metas ambiciosas que implican un importante incremento en los recursos destinados a la educación superior pública. Entre 2000 y 2023, la matrícula en universidades públicas creció un 176%, mientras que las transferencias de la Nación en términos reales aumentaron solo un 62%, evidenciando una brecha que la nueva ley busca corregir. El nuevo modelo fija una meta de presupuesto de funcionamiento para instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que alcanzará el 0,05% del PIB en el tercer año, equivalentes a unos 927.000 millones de pesos, y el 0,07% del PIB en el quinto año, cerca de 1,3 billones de pesos. Además, se exige un incremento anual de al menos el 20% sobre lo asignado el año anterior.
El costo fiscal proyectado para el periodo 2027-2040 asciende a 22,1 billones de pesos, mientras que la meta de cobertura educativa pasará del 55,4% al 80% en 2040, lo que implica incorporar a 830.000 estudiantes adicionales al sistema. Este esfuerzo se da en un contexto de caída de la natalidad, que entre 2023 y 2024 provocó el cierre de 769 colegios en todo el país. La inversión total en universidades públicas deberá alcanzar el 1% del PIB para 2040, un objetivo que requerirá un compromiso sostenido de las próximas administraciones.
Mecanismos de distribución y control
La reforma modifica la base de financiación, que dejará de crecer exclusivamente con el IPC para ajustarse al Índice de Costos de la Educación Superior, calculado por el Dane, con un piso mínimo igual al IPC. Los recursos adicionales destinados a infraestructura, cobertura y cierre de brechas se repartirán según diez componentes: acceso, cobertura, permanencia, calidad, investigación, infraestructura, internacionalización, pertinencia, desarrollo docente, costos estructurales y gestión estratégica. La entrega de estos fondos estará supeditada al cumplimiento de planes indicativos, seguimiento del Ministerio, rendición de cuentas, control social y una evaluación de impacto que se realizará cada cinco años.
El proyecto de decreto no modifica el presupuesto de 2026, pero su implementación a partir del 1 de enero de 2027 marcará un punto de inflexión en la financiación de la educación superior pública en Colombia, en medio de un debate que refleja las tensiones entre la urgencia de atender la crisis financiera de las universidades y los plazos legales para reglamentar la ley.
