La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación penal que pesaba contra el general en retiro Jhon Rojas por presuntos nexos con grupos ilegales que operan en el departamento del Cauca, una determinación que reabrió el debate sobre las circunstancias de su salida del Ejército y llevó a su defensor a solicitar su reintegro a la institución como una compensación por el daño causado.
Las pesquisas, que habían servido de base para apartar al oficial de la vida castrense, no encontraron elementos suficientes para sostener los supuestos vínculos con estructuras armadas ilegales. Ante este desenlace, el abogado Julián Quintana, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y representante legal del general Rojas, consideró que la decisión de la Fiscalía debe traducirse en un acto de reparación por parte del Estado.
El pedido de reintegro y la controversia detrás del retiro
En una entrevista con la revista Semana, Quintana afirmó que “como recompensa lo deberían reintegrar”, al tiempo que reveló que un audio del excomandante del Ejército, general Luis Ospina, admite que el retiro de Rojas obedeció a una orden ministerial. Esta declaración refuerza la tesis de que la salida del oficial respondió a presiones políticas y no a un proceso objetivo basado en pruebas. La situación ha sido comparada con el caso del almirante Gabriel Arango Bacci, quien fue privado de la libertad por supuestas alianzas con el narcotráfico y posteriormente reconocido como víctima de un entrampamiento judicial.
El abogado Quintana no solo reclama el reintegro, sino que propone que la Fiscalía abra una nueva línea investigativa para esclarecer cómo se fraguó la maniobra dentro del Ejército que llevó al retiro forzado del general Rojas. Para Quintana, restituir al oficial en su cargo es fundamental para restaurar su honor y dejar en claro que fue víctima de un montaje.
“Como recompensa lo deberían reintegrar”
Julián Quintana, abogado y exdirector del CTI, en entrevista con Semana
Mientras el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado oficialmente sobre el archivo de la investigación, el caso del general Jhon Rojas se suma a la lista de militares que, según sus defensores, han sido separados de la institución por decisiones que carecen de sustento probatorio. La decisión de la Fiscalía no solo limpia el nombre del oficial, sino que deja abierta la pregunta sobre quiénes ordenaron y ejecutaron su salida del Ejército, un misterio que ahora la justicia deberá resolver para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
