En una votación que reflejó la polarización del Congreso, las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. Con 38 votos por el No (a favor del proyecto) frente a 20 por el Sí (a favor del archivo), se derrotaron las ponencias que buscaban enterrar la iniciativa, permitiendo que el texto avance a las plenarias de ambas corporaciones. La votación se produjo en la noche del miércoles 21 de octubre, en medio de un intenso debate sobre los alcances de una ley que busca modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, vigente hasta noviembre de 2026.
El proyecto, que inicialmente contiene 27 artículos, establece un mecanismo judicial para que integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia ordinaria sin reconocimiento político. Los beneficios jurídicos están condicionados a la entrega de armas, bienes, colaboración con las autoridades, suministro de información sobre fuentes de financiación ilegal y rutas delictivas, así como a la búsqueda de desaparecidos y liberación de secuestrados. Durante el debate se incorporaron disposiciones sobre protección de víctimas y verificación de bienes por parte de la Fiscalía.
Rebajas de penas y condiciones
Uno de los puntos más debatidos fue el esquema de rebajas de penas: los integrantes rasos de las organizaciones podrían obtener reducciones de hasta el 50% de su condena, mientras que quienes tengan funciones de mando accederían a un máximo del 30%. Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, insistió en que no se trata de un escenario de impunidad. «Esta ley, desde ningún punto de vista, es un escenario de impunidad. Habrá investigación efectiva de todos los delitos, habrá sanción y habrá condena para ellos», afirmó Cancino, quien también rechazó que se esté «lavando la cara» de nadie. «No es cierto que se vaya a lavar la cara de nadie, ni es el espíritu de la ley», agregó el funcionario.
El exministro del Interior Rodrigo Lara, defensor de la iniciativa, explicó que «esta es una ley que le permite a las organizaciones criminales, abrumadas por el peso del Estado, que encuentren una manera de desmovilizarse, de someterse; no se está creando una justicia especial, se está creando un mecanismo para que se puedan desarmar y someter». Por el contrario, el senador del Centro Democrático Rafael Nieto criticó duramente el proyecto. «Aquellos que delinquen deben tener castigo y no pueden tener premio de ninguna naturaleza, ni político, ni económico, ni judicial», sentenció.
«Aquellos que delinquen deben tener castigo y no pueden tener premio de ninguna naturaleza, ni político, ni económico, ni judicial»
Rafael Nieto, senador del Centro Democrático
El senador ponente Hernán Cadavid destacó que se incorporaron cambios orientados a fortalecer la seguridad y el orden público. No obstante, persistieron críticas desde el Pacto Histórico, donde la senadora Carolina Corcho expresó reparos sobre posibles vacíos en la protección de derechos de las víctimas. El proyecto deja claro que no se cancelan órdenes de captura ni se suspenden órdenes de extradición, y que las personas vinculadas a lavado de activos y ocultamiento de bienes no obtendrían beneficios al año, sino a los tres años, sujeto a verificación fiscal. Además, la iniciativa no modifica penas accesorias ni inhabilidades para cargos de elección popular.
Ahora la iniciativa deberá superar dos debates adicionales en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley. El Gobierno impulsa el trámite con mensaje de urgencia, pues la Ley 418 de 1997 vence el 4 de noviembre de 2026, por lo que la aprobación final debe darse antes de la primera semana de ese mes. El senador Cadavid subrayó que los cambios incorporados durante el debate orientan las acciones del proyecto hacia la seguridad y el orden público, aunque la oposición mantiene su postura de que se trata de un «premio» para los delincuentes.
