En una carta fechada el pasado 14 de julio, Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido con el alias de Castor y señalado como el máximo cabecilla de la organización criminal Los Costeños, solicitó formalmente al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al designado ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, la instalación de una Mesa de Diálogo y Sometimiento a la Justicia. El objetivo del líder delincuencial es lograr el desmantelamiento definitivo de su estructura, que según cifras oficiales agrupa a aproximadamente dos mil integrantes, y que históricamente ha operado con mayor influencia en Barranquilla y el departamento del Atlántico. La solicitud se presenta tan solo un día después de que el mandatario electo reiterara su ultimátum de conceder un mes, a partir del 7 de agosto cuando inicie su gobierno, para que los grupos ilegales demuestren una voluntad real de desmovilizarse, descartando de plano cualquier negociación de carácter político.
La petición de alias Castor se fundamenta en lo dispuesto por la Ley 2272 de 2022, que establece la política de paz total, así como en la Ley de Justicia y Paz. En el documento, el cabecilla sostiene que durante los últimos años su organización ha ejecutado acciones concretas para reducir la violencia en las zonas donde opera, y afirma que esas actuaciones constituyen una prueba fehaciente de su voluntad de avanzar hacia un proceso de sometimiento. Como muestra de su disposición, Los Costeños ya habrían realizado la entrega voluntaria de sesenta armas a la Fiscalía General de la Nación y se han comprometido a colaborar en el esclarecimiento de más de 140 homicidios y múltiples casos de extorsión que se les atribuyen.
Antecedentes de un proceso suspendido y un ultimátum
La solicitud de Díaz Collazos no surge en el vacío. El pasado 8 de julio, el equipo jurídico del cabecilla recibió una comunicación oficial en la que se suspendía la instalación del Espacio de Conversación Socio Jurídico del proceso de paz urbana en Barranquilla. En esa misiva se indicó que la única vía disponible para el grupo era el sometimiento individual ante la justicia penal ordinaria, lo que aceleró los movimientos del líder criminal. Precisamente, el ultimátum lanzado por Abelardo de la Espriella, quien ha insistido en que las organizaciones ilegales tendrán un mes para acreditar su intención real de desmantelarse, ha actuado como catalizador de esta petición formal. De la Espriella ha sido claro en que su gobierno no contempla diálogos políticos con estructuras delincuenciales, sino mecanismos de sometimiento sujetos a la ley.
Cabe recordar que alias Castor ya había sido condenado a más de 26 años de prisión en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó su responsabilidad en al menos 95 homicidios y otros ataques armados perpetrados entre 2014 y 2024. Pese a esa condena, el cabecilla continúa ejerciendo control sobre Los Costeños, y en su carta al presidente electo insiste en que ha promovido ceses al fuego entre organizaciones rivales, suspendido actividades extorsivas, evitado ataques contra la Fuerza Pública y eliminado fronteras invisibles en sus zonas de influencia. También afirma haber liderado acercamientos entre estructuras criminales de Barranquilla y Bucaramanga con el propósito de disminuir los enfrentamientos armados.
El contexto de la competencia criminal
La petición de alias Castor se suma a la de otros cabecillas rivales que han manifestado su intención de someterse a la justicia. Digno José Palomino y Aldair Montenegro, líderes de la organización conocida como Los Pepes, también han expresado su disposición a acogerse a la ley, lo que evidencia una dinámica de competencia entre los grupos por obtener condiciones favorables en un eventual proceso. En su carta, Díaz Collazos solicita “garantías institucionales necesarias para facilitar el desmantelamiento definitivo del grupo delincuencial”, un lenguaje que busca demostrar que su estructura está lista para dar el paso, a diferencia de lo que ocurrió con el fallido proceso de paz urbana en Barranquilla. La pelota está ahora en el tejado del presidente electo y su equipo de justicia, quienes deberán definir si aceptan abrir la mesa de diálogo o si insisten en el sometimiento individual sin condiciones especiales.
