La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), lanzó una advertencia contundente al presidente electo Abelardo de la Espriella: la reestructuración anunciada para la Casa de Nariño, que contempla la eliminación de más de 200 cargos y la supresión de varias consejerías, agencias y dependencias, no puede desmantelar la institucionalidad creada para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC. La UIAP sostiene que este pacto es una política de Estado con blindaje constitucional, por lo que ninguna decisión administrativa de un gobierno de turno puede afectarlo.
El equipo de De la Espriella planea suprimir aproximadamente 229 cargos y eliminar dependencias que considera duplicadas, trasladando sus funciones a ministerios y entidades con mandato legal, con el objetivo de ahorrar 10 mil millones de pesos colombianos al año. La reestructuración entraría en vigor a partir del 7 de agosto de 2026. Sin embargo, la UIAP recuerda que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-020 de 2022, declaró un Estado de Cosas Institucional sobre el incumplimiento del Acuerdo, lo que refuerza el carácter obligatorio y permanente de su implementación, más allá de los cambios administrativos de cada gobierno.
Advertencia sobre el ambiente de tensión e incertidumbre
En su comunicado, la UIAP destacó que la arquitectura institucional del Acuerdo incluye el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Reforma Rural Integral, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y mecanismos de participación política y reincorporación. Actualmente, se reportan 36 indicadores de resultado del Plan Marco y 67 instrumentos asignados a los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). La entidad subrayó que los anuncios reiterados de desmantelamiento generan un ambiente de miedo e inseguridad jurídica, especialmente entre los firmantes del acuerdo.
“Ninguna decisión administrativa de reestructuración puede, por sí sola, desconocer este marco constitucional ni desmantelar la institucionalidad creada para hacerlo efectivo. Los anuncios reiterados en ese sentido generan un ambiente de tensión, miedo e incertidumbre, afectan la seguridad jurídica y son propios para ocasionar daños morales y psicológicos, así como riesgos para la integridad personal de los firmantes del acuerdo final”.
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), comunicado oficial
Frente a esta situación, la UIAP hizo un llamado a la Corte Constitucional, a los países garantes del proceso —incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas y su Misión de Verificación—, al Consejo de Seguridad de la ONU, al Fondo Multidonante para la Paz, y a organizaciones sociales y de derechos humanos para que mantengan su acompañamiento y veeduría. La entidad insistió en que la implementación del Acuerdo de Paz no puede quedar supeditada a decisiones de ahorro fiscal, y que la institucionalidad creada debe ser preservada como garantía de no repetición y de construcción de paz estable y duradera en Colombia.
