El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Minas y Energía, Trabajo, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió el pasado 15 de julio de 2026 en Cali, Valle del Cauca, el Decreto 0742 de 2026, un hito regulatorio sin precedentes en Colombia: el primer marco integral que reglamenta el cierre de minas. La norma, anunciada por el presidente Gustavo Petro, busca saldar una deuda histórica en la regulación de esta fase crítica de la actividad extractiva, garantizando la sostenibilidad ambiental, la protección de los trabajadores y las comunidades, y evitando la generación de pasivos sociales y ambientales. Todo esto en el contexto de la transición energética justa, según explicaron las autoridades.
La nueva reglamentación establece por primera vez obligaciones claras en materia ambiental, laboral, social, técnica y financiera para todas las fases del cierre minero. Se crean cinco modalidades: cierre progresivo, temporal, anticipado, final y técnico gradual —este último especialmente diseñado para la pequeña minería y los procesos de formalización—. De esta manera, el cierre deja de ser un trámite opcional o una etapa posterior al abandono y se convierte en una fase obligatoria del ciclo de vida del proyecto, desde la misma explotación.
Un marco integral para la transición justa
Durante el anuncio, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que con este decreto Colombia salda una deuda histórica, pues el cierre de una mina se convierte en una responsabilidad integral con los trabajadores, las comunidades y los territorios. Según Palma, la transición energética justa también significa garantizar que ningún proyecto abandone pasivos ambientales o sociales, sino que deje oportunidades para el desarrollo sostenible.
«Con este decreto Colombia salda una deuda histórica con el país. El cierre de una mina se convierte en una responsabilidad integral con los trabajadores, las comunidades y los territorios. La transición energética justa también significa garantizar que ningún proyecto abandone pasivos ambientales o sociales, sino que deje oportunidades para el desarrollo sostenible»
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
El componente laboral es uno de los pilares del decreto. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que por primera vez una reglamentación de cierre minero incorpora de manera expresa la protección de los derechos laborales. La norma exige mecanismos de transición laboral, reconversión productiva, acompañamiento institucional y vigilancia para que los trabajadores sean protagonistas de una transición justa. Además, se establecen planes de concertación sindical, capacitación a través del SENA y garantías para el pago de obligaciones laborales y de seguridad social durante todo el proceso de cierre.
«Por primera vez una reglamentación de cierre minero incorpora de manera expresa la protección de los derechos laborales. Garantizamos mecanismos de transición laboral, reconversión productiva, acompañamiento institucional y vigilancia para que las y los trabajadores sean protagonistas de una transición justa y no las principales víctimas del cierre de una operación minera»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
La ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, subrayó que, en el marco de la superación del extractivismo, el cierre de minas adquiere una importancia aún mayor. Por eso, por primera vez el país cuenta con un marco regulatorio que integra las dimensiones ambiental, laboral y minera para planificar el cierre responsable de las actividades extractivas. La norma también incorpora la participación activa de las comunidades y promueve una transición productiva y ecológica que permita restaurar los territorios y construir nuevas oportunidades para quienes los habitan.
«En el contexto de la superación del extractivismo, el cierre de minas adquiere una importancia aún mayor. Por eso, por primera vez el país cuenta con un marco regulatorio que integra las dimensiones ambiental, laboral y minera para planificar el cierre responsable de las actividades extractivas. Además, incorpora la participación activa de las comunidades y promueve una transición productiva y ecológica que permita restaurar los territorios y construir nuevas oportunidades para quienes los habitan»
Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Tras el cierre, las áreas intervenidas podrán destinarse a restauración ecológica, conservación, producción agropecuaria sostenible, energías renovables, turismo o infraestructura comunitaria. La articulación de los tres ministerios en una sola política pública busca evitar que los proyectos concluyan dejando pasivos y, en su lugar, generen condiciones para nuevos usos del suelo que beneficien a los territorios. Con el Decreto 0742 de 2026, el Gobierno Petro sienta las bases para que el cierre minero deje de ser una promesa incumplida y se convierta en una herramienta real de justicia social y ambiental.
