El Consejo de Estado ordenó incorporar al expediente de segunda instancia las pruebas recopiladas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la investigación penal contra el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, en el marco del proceso por una posible pérdida de su investidura. La decisión, adoptada por el despacho del magistrado ponente Nicolás Yepes Correa, no resuelve de fondo la situación jurídica del congresista ni define si continúa o no en el Congreso, pero admite como prueba sobreviniente el material obtenido por la Corte Suprema en la indagación por el presunto uso de un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para atender un negocio particular de frutas y verduras en Bogotá, conocido como el caso del “fruver”.
La medida se tomó en el marco de la apelación contra la sentencia de primera instancia, que en febrero de este año negó la solicitud de pérdida de investidura al considerar que no estaba plenamente demostrada la causal. Ahora, mediante la figura del hecho sobreviniente, el magistrado Yepes Correa aceptó que las pruebas obtenidas después del cierre de la etapa probatoria original sean valoradas antes del fallo definitivo. La Corte Suprema deberá remitir copia de los elementos recaudados en su investigación penal, que podrían ser relevantes para resolver el litigio sobre la posible pérdida de la curul.
Pruebas rechazadas y contexto procesal
El Consejo de Estado también decidió rechazar otras solicitudes probatorias presentadas por los apelantes, entre las que se incluían un requerimiento a la empresa Meta sobre chats de WhatsApp, un peritaje de comparación de voces, el testimonio de Mariana Hernández Aranda y un nuevo análisis forense por parte de la Dijín. La Policía ya había advertido que no era posible verificar la autenticidad de los chats sin contar con los dispositivos originales y la cadena de custodia correspondiente. De esta forma, el expediente de segunda instancia solo recibirá como nuevo componente probatorio la información que remita la Corte Suprema, mientras que el congresista sigue a la espera de una decisión que podría definir su permanencia en el Congreso.
