La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reasignó el proceso penal contra once presuntos integrantes de la autodenominada Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (BPP) a un equipo especializado de justicia restaurativa, lo que implicó la suspensión inmediata de la audiencia de acusación que estaba programada para el 17 de junio de 2026. La decisión, materializada mediante la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, trasladó el expediente de la Fiscalía 107 Delegada ante jueces penales especializados de Bogotá a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa y al Grupo de Tareas Especiales, donde los fiscales Daniela Escallón y Sebastián Sierra deberán realizar un análisis integral del caso para determinar si se mantiene la acusación formal por los delitos imputados o si resultan aplicables mecanismos alternativos de resolución penal, como acuerdos, el principio de oportunidad o la terminación anticipada del proceso.
La imputación de cargos contra los procesados se había realizado en diciembre de 2025, luego de una investigación que los señala de perpetrar al menos quince ataques con explosivos y otros hechos violentos en Bogotá entre 2024 y 2025. A los once presuntos miembros de la BPP se les imputaron ocho delitos graves: concierto para delinquir agravado, terrorismo, incendio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, perturbación del transporte público, daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público agravada. La nueva asignación del caso llega justo un día antes de la audiencia de acusación y cuando el reloj judicial corre contra la Fiscalía, que cuenta con un plazo de 120 días para instalar el juicio oral tras la radicación del escrito de acusación; de lo contrario, los procesados podrían solicitar su libertad por vencimiento de términos.
Una estrategia de ataques coordinados desde las universidades
De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, la BPP operaba con un modus operandi meticuloso que involucraba la infiltración de universidades públicas. Los presuntos integrantes ingresaban a los campus con carnés falsificados, se cambiaban de vestimenta y ejecutaban los ataques portando overoles, capuchas y máscaras para evadir la identificación. Tras cada operación, se ocultaban en los mismos centros educativos para fabricar artefactos explosivos. Entre los hechos más graves investigados se encuentra un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía el 15 de marzo de 2024, que dejó a un uniformado herido; la quema de una motocicleta en una universidad días después; y la incineración de un bus del sistema de transporte público Sitp el 25 de abril de 2024, que tenía pasajeros a bordo en el momento del ataque.
La investigación señala a Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, como el presunto cabecilla de la organización, mientras que Juan Sebastián Manios Lozano, conocido como Tolima, es señalado como el responsable de suministrar materiales explosivos desde Medellín. La Alcaldía de Bogotá, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, salió al paso de la decisión de la fiscal general defendiendo el avance del proceso penal, y destacó que la investigación ya había sido respaldada por dos jueces de control de garantías. El secretario de Seguridad de la capital, César Restrepo, aseguró que las acciones de este grupo pusieron en riesgo la vida de decenas de ciudadanos y advirtió que los ataques habrían contado con apoyo logístico desde la ciudad de Medellín.
Ahora, los fiscales Escallón y Sierra tienen la tarea de evaluar si las conductas de los procesados corresponden efectivamente a los delitos de terrorismo que les fueron imputados o si, bajo un enfoque de justicia restaurativa para hechos relacionados con protesta social, es jurídicamente viable aplicar mecanismos alternativos. La decisión final definirá el rumbo de un proceso que la administración distrital considera clave para la seguridad de Bogotá.
