Dos líderes sindicales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunciaron que la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado en casi dos años en la investigación penal que interpusieron contra el director de la entidad, Augusto Rodríguez, por presuntas amenazas, hostigamiento y persecución sindical. La denuncia fue radicada el 9 de agosto de 2023 y, según los afectados, el proceso se encuentra estancado a pesar de las pruebas aportadas, las cuales incluyen capturas de pantalla de mensajes y testimonios de las intimidaciones que habrían iniciado tras hacer públicas sus críticas a la administración de la UNP.
Wilson Devia, presidente de uno de los sindicatos de la UNP, relató que las amenazas comenzaron en febrero de 2023 durante un mitin nacional de los sindicatos, donde se les advirtió que sus vidas corrían peligro. A partir de ahí, asegura que recibió mensajes vía WhatsApp y de texto con frases como “cortar la cabeza” y “si no pueden desaparecerlos, vamos a armar falsos positivos judiciales”. Devia detalló que también sufrieron seguimientos a sus vehículos y llamadas desde números desconocidos, lo que los obligó a cambiar de automóviles y contratar seguridad privada por la desconfianza en la dirección de la UNP.
Las pruebas y el silencio fiscal
Giovanni Gallo, el otro líder sindical denunciante, expresó su temor a que, con el cambio de gobierno y la posible salida de Augusto Rodríguez de la UNP, el proceso sea cerrado y queden desprotegidos. “Queremos exaltar que con el cambio de gobierno tenemos muchas esperanzas de que esta situación acabe, pero también tenemos miedo de los peligros porque ya quedan libres para ejercer cualquier tipo de atentado”, afirmó Gallo. Ambos dirigentes coincidieron en que las evidencias ya están en la Fiscalía, pero el caso ha quedado “quieto”, incluso tras la designación de un nuevo fiscal general.
“Fuimos perseguidos, hostigados por esta administración”
Wilson Devia, presidente de sindicato de la UNP
Según los denunciantes, las amenazas incluyeron un mensaje directo a Devia donde se le decía: “Entregue lo que tiene y no hay problema, las cosas pueden cambiar”. Además, Gallo advirtió que se reportó la infiltración de personas en actividades sindicales, lo que incrementó la sensación de vulnerabilidad. En medio de la espera, las víctimas han tenido que costear su propia seguridad al considerar que la protección ofrecida por la UNP no es confiable bajo la actual dirección. “Las evidencias ya están en la Fiscalía, pero el tema ha quedado quieto. Incluso tras el cambio de fiscal general hemos sido hostigados, amenazados, nos escribían por qué llamábamos a ciertas personas a contar lo que nos pasaba”, concluyó Devia, dejando en el aire la pregunta sobre si la justicia actuará antes de que sea demasiado tarde.
