Organizaciones mineras de los municipios de Soto Norte, en Santander, anunciaron acciones penales y administrativas contra el Ministerio de Ambiente y su ministra encargada, Irene Vélez, por la expedición de resoluciones que, según los gremios, afectan la minería legal en el Páramo de Santurbán y fueron emitidas sin el proceso de concertación exigido por la ley. La denuncia, presentada por Asomineros Vetas y el Consejo de Desarrollo de Soto Norte, busca que se investiguen posibles delitos de prevaricato, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad y extralimitación de funciones, al mismo tiempo que solicitan la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo de Santander.
La controversia se centra en la llamada «delimitación progresiva» del páramo, una medida que los mineros consideran contraria a la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó una delimitación integral y concertada con los municipios. A esto se suma la declaratoria de Zona de Reserva Permanente en el municipio de California, que consideran insuficientemente consultada, y la propuesta de prorrogar hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal creada en 2024. Paradójicamente, el propio Ministerio de Ambiente emitió un concepto en 2023, ante el Tribunal Administrativo de Santander, en el que calificaba la «delimitación progresiva» como inviable, lo que refuerza los argumentos de las organizaciones locales.
Minería organizada vs. ilegalidad
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y delegada ante el POMCA del Alto Lebrija, advirtió que estas políticas ponen en una situación de desventaja a quienes ejercen la minería de manera formal y organizada, mientras que los actores ilegales se ven favorecidos por la falta de claridad normativa y la incertidumbre jurídica. «Las políticas adoptadas dejan en desventaja a quienes ejercen la minería de manera organizada, mientras aumentan los riesgos frente a actores que operan por fuera de la legalidad», señaló González en un comunicado. Las organizaciones argumentan que las restricciones afectan principalmente a los pequeños productores formalizados, quienes han cumplido con los requisitos ambientales y tributarios, pero ahora ven limitada su actividad sin un proceso de participación efectivo.
«Las políticas adoptadas dejan en desventaja a quienes ejercen la minería de manera organizada, mientras aumentan los riesgos frente a actores que operan por fuera de la legalidad»
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y delegada ante el POMCA del Alto Lebrija
El conflicto se enmarca en la compleja realidad del Páramo de Santurbán, un ecosistema protegido donde conviven la minería tradicional, los debates ambientales y múltiples fallos judiciales. Las organizaciones también invocaron el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales, para exigir que se respeten los procesos de concertación con las comunidades locales. Mientras tanto, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha propuesto la realización de nuevos estudios técnicos con auditorías científicas internacionales, en busca de un punto de equilibrio entre la protección del páramo y la viabilidad de la minería formal en la región. Las acciones legales y administrativas presentadas buscan frenar decisiones que, según los denunciantes, fueron tomadas sin el debido diálogo y con graves consecuencias para el desarrollo de Soto Norte.
