La justicia peruana dictó una condena ejemplar contra cuatro integrantes de una organización criminal que operaba una ruta de tráfico ilegal de armas y municiones sustraídas de instalaciones militares del Ejército Peruano. El destino final de este arsenal era abastecer a las disidencias de las Farc en Colombia y a la banda ecuatoriana Los Lobos. La sentencia fue emitida contra María Ruiz, quien recibió una pena de nueve años de prisión, mientras que Luis Pijo, William Dioses y Wilber Cornetero fueron condenados a seis años, diez meses y nueve días de cárcel cada uno por los delitos de lavado de activos derivado del tráfico ilegal de armas y asociación para delinquir.
La investigación, liderada por el fiscal provincial Pablo Espinoza de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Perú, destapó una red que utilizaba la porosidad de las fronteras andinas para movilizar el material bélico. El esquema criminal operaba mediante corredores clandestinos que conectaban el norte de Perú con Ecuador, específicamente a través de la frontera sur ecuatoriana. Desde allí, las armas y municiones eran enviadas como encomiendas, como quedó evidenciado en noviembre pasado cuando se incautaron tres mil balas en Aguas Verdes, en la frontera peruano-ecuatoriana, que eran transportadas en un autobús de servicio público.
Operativo binacional desarticula la red criminal
En Ecuador, el operativo fue dirigido por el ministro del Interior John Reimberg y movilizó a 400 policías y 76 fiscales en siete provincias, donde se ejecutaron 40 allanamientos que resultaron en 24 detenciones. Esta acción fue el resultado de una investigación de once meses que ya había dejado un saldo de 15 capturados entre agosto de 2025 y enero de 2026. La organización en Ecuador estaba liderada por Freire Hernández Hower René, señalado como el coordinador principal desde la provincia de Loja, quien habría sido el enlace para recibir el material bélico procedente de Perú.
El modus operandi de la red consistía en extraer ilegalmente armas, municiones y explosivos de instalaciones militares peruanas, para luego acopiarlos y enviarlos a Ecuador. Una vez en territorio ecuatoriano, el arsenal era redistribuido hacia la frontera norte con Colombia, donde las disidencias de las Farc operan, y también abastecía a la banda criminal Los Lobos, una de las organizaciones más violentas de Ecuador. Las autoridades peruanas revelaron que la red aprovechaba la falta de control en los corredores fronterizos del norte y sur de Ecuador para mantener activo el flujo ilegal de armamento.
Fronteras porosas y cooperación internacional limitada
El caso evidencia la complejidad del tráfico transnacional de armas en la región andina, donde las economías criminales de Perú, Ecuador y Colombia se entrecruzan. Sin embargo, la investigación se topó con obstáculos diplomáticos, ya que las autoridades peruanas y ecuatorianas denunciaron que Colombia no respondió a las solicitudes de cooperación internacional enviadas durante el proceso. Este vacío de colaboración podría haber limitado el alcance de las pesquisas para desmantelar por completo las rutas que conectan a los tres países.
Un dato preocupante que surgió de la operación ecuatoriana fue que varios de los detenidos tenían antecedentes penales por tráfico de armas y habían recuperado la libertad bajo medidas judiciales sustitutivas, lo que pone en evidencia las fallas en el sistema de justicia ecuatoriano para retener a delincuentes reincidentes. La sentencia en Perú, que incluye penas de prisión de entre seis y nueve años, representa un golpe significativo contra esta red, aunque las autoridades advierten que el problema del tráfico de armas en la región requiere de una respuesta coordinada y sostenida entre todos los países involucrados para cerrar definitivamente los corredores ilegales que alimentan la violencia en el continente.
