La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción, luego de que presuntamente exigiera coimas a una empresaria a cambio de facilitar trámites urbanísticos. La acusación se conoció el viernes 17 de julio de 2026 y representa un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta el mandatario local.
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan al 8 de junio de 2025 cuando Gamboa habría exigido a la empresaria, representante legal de una empresa de inversiones, contratar a Juan Camilo Sánchez Torres para asesorarla en permisos administrativos. Posteriormente, el 4 de marzo de 2026, el alcalde le habría solicitado 112 millones de pesos, equivalentes al 20% del valor de una ampliación de una licencia de construcción, mediante mensajes de voz. Ante la negativa de la empresaria, Gamboa expidió una resolución que la Fiscalía califica como retaliación, lo que desencadenó que la Secretaría de Planeación rechazara la ampliación de la licencia y el Inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impusiera una multa de 232 millones de pesos.
Gamboa Chaparro fue capturado el jueves 7 de mayo de 2026 en la plaza principal de Villa de Leyva y trasladado a Bogotá para las audiencias correspondientes. El alcalde, quien llegó al cargo por la coalición Amor por Villa de Leyva integrada por los partidos Liberal, Alianza Social Independiente (ASI) y Conservador, ya había sido imputado el 20 de enero de 2026 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades. En esa ocasión se le señaló de contratar a Javier Alexánder Múnevar González como supervisor de maquinaria amarilla a pesar de su parentesco con la secretaria de Desarrollo Social.
En el entramado de presunta corrupción, el contratista Juan Camilo Sánchez Torres habría recibido 48 millones de pesos durante once meses de servicios, mientras que la empresaria se negó a pagar los 112 millones exigidos por el alcalde, lo que desencadenó las acciones administrativas en su contra. Gamboa obtuvo 5.003 votos en las elecciones territoriales de 2023, superando el 50% del total, y ahora enfrenta un proceso en el que la Fiscalía ha expuesto nuevas pruebas sobre presuntos actos de corrupción en el ejercicio del cargo. El mandatario ha negado su responsabilidad en los delitos que se le imputan y permanece con medida de aseguramiento preventiva mientras avanza el proceso judicial.
