El abogado Alejandro Carranza, reconocido por representar los intereses del presidente Gustavo Petro, reveló a través de su cuenta en X una serie de presuntos procesos penales que se adelantarían contra Wilson Javier Devia Pérez, representante legal de la organización sindical UT UNP. Entre las graves acusaciones figuran denuncias por acceso carnal violento contra un menor de edad, violencia intrafamiliar, vínculos con un “narcochofer” y hurto. Carranza solicitó de manera pública a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que estos casos sean investigados con prioridad y celeridad, advirtiendo que su propia seguridad e integridad podrían estar en riesgo tras las revelaciones.
Las denuncias detalladas por Carranza incluyen un proceso por acceso carnal violento contra un menor de edad, presuntamente el propio hijo de Devia Pérez, así como un caso de violencia intrafamiliar en el que se le investigaría por haber agredido físicamente a su esposa. “Morder a una mujer es un instinto primitivo que en el violensómetro crea un riesgo de feminicidio. Nunca es tarde para rescatar una posible víctima”, afirmó el abogado en su cuenta de X, subrayando la necesidad de garantizar la protección de las víctimas. Además, mencionó una denuncia por presunto hurto de una caja fuerte con dinero en efectivo y títulos de valores, pertenecientes a una empresa del suegro del sindicalista, que habrían sido sustraídos durante el fallecimiento de este último en el hospital.
Las denuncias cruzadas y el contexto de la UNP
La controversia se enmarca en un escenario de tensiones previas, ya que Wilson Javier Devia Pérez había denunciado presuntas prácticas irregulares en la administración de Augusto Rodríguez como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Entre sus reclamos, Devia Pérez solicitó una mesa de diálogo para revisar 6.700 vacantes y el proceso de selección de escoltas, advirtiendo que de las 15 zonas de licitación existentes, solo se licitaron las zonas 1 y 2, dejando en incertidumbre a las otras 13. “Necesitamos conocer si se tiene el presupuesto, hasta cuándo está el presupuesto, por qué no sacaron la licitación de esas zonas y la garantía de continuidad de todos los escoltas que vienen en el programa de protección”, declaró el representante sindical en su momento, cuestionando la gestión actual.
Por su parte, Alejandro Carranza, quien se ha autodefinido como un defensor de derechos humanos sin vínculos con narcotráfico o grupos armados, insistió en que estos procesos deben ser investigados con la máxima seriedad para mantener la confianza del público en el sistema de justicia. “Existe una denuncia por presunto hurto de una caja fuerte con dinero en efectivo y títulos de valores pertenecientes a una empresa que era del suegro del hoy sindicalista, los cuales, según se alega, fueron hurtados durante el fallecimiento de este último en el hospital. Este caso, de carácter patrimonial, también requiere una investigación rigurosa para garantizar que se haga justicia”, señaló el abogado en su publicación.
“Obviamente la reacción del denunciado no se hará esperar, así que mi seguridad e integridad también debe tener en cuenta a este personaje”
Alejandro Carranza, abogado que representa los intereses del presidente Gustavo Petro
El abogado también pidió a la Fiscalía General de la Nación que otorgue garantías a las víctimas y que se combata la impunidad, en un caso que ha escalado a través de las redes sociales y que ahora pone el foco en la gestión de la UNP y en las acusaciones cruzadas entre el sindicalista y el representante legal del mandatario. Mientras tanto, el llamado de Carranza a priorizar estas investigaciones resuena en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son clave para la institucionalidad colombiana.
