La representante electa por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, lanzó una fuerte advertencia a través de un video difundido en la red social X sobre las propuestas que, según ella, el mandatario electo Abelardo de la Espriella impulsaría en materia de paz. Carrascal señaló cuatro medidas concretas que, de aplicarse, significarían un giro radical en la política construida desde la firma del Acuerdo Final con las Farc en 2016: eliminar la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, suprimir la figura del Alto Comisionado para la Paz, exigir cárcel para Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y actual presidente del partido Comunes, y desmontar lo que De la Espriella ha denominado “impunidad total”.
La congresista calificó el anuncio como “un lamentable mensaje” y advirtió que estas medidas representan “uno de los mayores cambios en la política de paz de Colombia desde 2016”. A su juicio, transformarían la paz de una política de Estado en un asunto subordinado a estrategias coyunturales. “La confianza en la institucionalidad es el activo más importante de cualquier acuerdo de paz. Los gobiernos cambian cada cuatro años, pero el Estado debería ser capaz de cumplir la palabra que empeña durante generaciones”, afirmó Carrascal en el video, donde también citó declaraciones del jefe de misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca.
Las propuestas de cambio y sus implicaciones
Abelardo de la Espriella ha planteado, entre otras iniciativas, crear un comisionado de seguridad en reemplazo del Alto Comisionado para la Paz. Frente a esto, Carrascal fue contundente: “Pueden desaparecer las oficinas, pero las víctimas siguen existiendo. Los grupos armados siguen existiendo. Las estructuras criminales de alcance transnacional siguen existiendo. Los territorios donde el Estado no llega siguen existiendo”. La representante electa recalcó que eliminar la figura del Alto Comisionado “no hace desaparecer un solo fusil, no desmoviliza un solo grupo armado, no devuelve una sola hectárea despojada y no repara a una sola víctima”.
En relación con la exigencia de cárcel para Rodrigo Londoño, Carrascal recordó que los acuerdos incluyen la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mecanismos internacionales de verificación. “Su situación no depende de la voluntad del presidente de turno, a no ser que usted pretenda ser un dictadorzuelo. Este es un estado social de derecho con separación de poderes y las condenas no las anuncia el presidente, las dictan los jueces de la República”, espetó. Además, alertó sobre el riesgo de estigmatización que generan este tipo de discursos: “Esa estigmatización lleva a que los asesinen. Cientos de ellos han sido asesinados después de la firma del acuerdo”.
“Resulta de vital importancia garantizar la seguridad física y las garantías judiciales de las que deben gozar los exdirigentes y combatientes de las Farc-EP que depusieron las armas bajo el acuerdo”.
Miroslav Jenca, jefe de misión de la ONU en Colombia
La congresista también se refirió a la propuesta de servicio militar obligatorio anunciada por De la Espriella, con un tono crítico hacia la selectividad de la medida: “Sabemos que no es todo el mundo, porque no serán los hijos de sus amigos, de sus amigas, muchísimo menos de toda esa élite política ultraconservadora y de derecha que lo sigue y que va a cogobernar con usted”. Con estas declaraciones, Carrascal busca poner en el centro del debate público el riesgo de que las promesas de campaña se conviertan en desmontes institucionales que, según ella, dejarían desprotegidas a las víctimas y a los territorios más golpeados por el conflicto.
