La angustia de una madre ante la demora de una cirugía para su hijo de cinco años se ha convertido en una denuncia pública contra la Nueva EPS. Mariana Vélez, residente del municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, Antioquia, reportó que la entidad de salud ha dilatado por 20 días la autorización para una intervención quirúrgica que necesita su pequeño, quien sufrió una fractura en el brazo mientras jugaba en su casa. Según la denuncia, la EPS habría informado a la familia que el proceso de remisión a un centro de mayor complejidad podría extenderse hasta dos meses, un plazo que la madre considera insostenible para la salud y el bienestar emocional de su hijo.
La demora en los procesos administrativos de la Nueva EPS ha puesto en jaque la recuperación del menor, quien actualmente no se encuentra formalmente hospitalizado. Esta situación, según relató la madre, ha generado dificultades adicionales, como la falta de entrega de alimentación y medicamentos. Mariana Vélez ha presentado un derecho de petición ante la EPS como primer recurso legal, mientras prepara una acción de tutela para exigir una respuesta inmediata. La familia teme que la prolongada espera pueda agravar la fractura, causando desde la pérdida de habilidades motoras hasta dolores crónicos que afecten la calidad de vida del niño a largo plazo.
Un drama que trasciende lo médico
Más allá de la urgencia clínica, este caso evidencia las profundas barreras que enfrentan los usuarios del sistema de salud en regiones como Antioquia. La madre del menor ha manifestado que la EPS sugirió como opción el traslado a un hospital en Bogotá, alternativa que la familia considera inviable no solo por la distancia, sino por el alto costo que implicaría para su economía. Mariana Vélez, quien ha tenido que abandonar su trabajo para dedicarse al cuidado del niño, depende actualmente de la ayuda familiar para cubrir los gastos básicos, una carga que se agrava con la incertidumbre sobre el futuro de la cirugía.
«El niño está desanimado y constantemente pregunta cuándo podrá volver al colegio», señaló la madre, reflejando el impacto psicológico de la larga espera en un menor de cinco años.
Mariana Vélez, madre del menor afectado
Alerta Paisa, medio que dio a conocer la denuncia, intentó obtener una postura oficial de la Nueva EPS sobre el caso, pero al momento de esta publicación no había recibido respuesta. Este silencio se suma a la preocupación de una comunidad que observa cómo los procesos administrativos pueden convertirse en un obstáculo insalvable para el acceso a la salud. La historia de este pequeño se convierte así en un espejo de las fallas sistémicas que, en medio de la burocracia, ponen en riesgo el bienestar de los pacientes más vulnerables.
