Defensoría reporta ataques armados en cinco departamentos con víctimas fatales y desplazados

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La Defensoría del Pueblo reportó una escalada de ataques armados en cinco departamentos de Colombia entre el 14 y el 17 de julio, que dejaron un saldo de muertos, heridos y desplazamientos forzados de civiles, y llamó al Gobierno nacional a reforzar las medidas de protección para las comunidades afectadas. Los hechos, atribuidos a grupos como el ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias de alias Iván Mordisco —autodenominadas EMC— y el Clan del Golfo —EGC—, ocurrieron en Cauca, Chocó, Vichada, Arauca y Norte de Santander, donde se registraron ataques con explosivos, enfrentamientos armados, hostigamientos y desplazamientos que afectaron tanto a la población civil como a miembros de la Fuerza Pública.

En Arauca, un ataque con explosivos contra la subestación de Policía de Betoyes, en Tame, dejó dos policías muertos y nueve uniformados heridos, además de una mujer civil fallecida. El ataque ocurrió cerca del CEIN Internado Betoy, donde al menos 80 niños y niñas indígenas estaban expuestos al riesgo, y del Centro Educativo Inocencio Chincá, lo que puso en peligro a estudiantes, docentes y habitantes de la zona. En Chocó, un artefacto explosivo activado en el sector Las Toldas, sobre la vía Quibdó-Carmen de Atrato, causó la muerte de dos soldados y dejó seis heridos, mientras que 45 personas fueron evacuadas para evitar mayores afectaciones. Las comunidades indígenas cercanas continúan expuestas a posibles explosivos remanentes y a la continuidad de las hostilidades.

Ataques en Vichada, Norte de Santander y Cauca

En el resguardo indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo (Vichada), tres jóvenes indígenas fueron asesinados y una mujer de 45 años resultó herida en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y el ELN, que también provocó el incendio de varias viviendas. La Defensoría había advertido sobre los riesgos en esta región mediante la Alerta Temprana 017 de 2024, que señalaba la presencia de múltiples grupos armados y la posibilidad de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En Norte de Santander, específicamente en Tibú, un ataque con carro bomba atribuido al ELN causó tres heridos por esquirlas y cuatro personas con afectaciones emocionales, además de daños materiales en viviendas cercanas y una estación de servicio. Durante el mismo periodo, en Tibú también se reportaron drones cargados de explosivos.

En el departamento del Cauca, la zona rural de El Tambo y el corregimiento El Crucero de Pandiguando fueron escenario de hostigamientos. En el primer caso, tres civiles —entre ellos un menor de edad— resultaron heridos tras un intento de despojo de armas a integrantes del Ejército, quienes respondieron con disparos. Posteriormente, se registró un hostigamiento contra la subestación de Policía de El Crucero de Pandiguando, aunque sin lesionados reportados. La Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de una presencia institucional coordinada para salvaguardar los derechos de las comunidades expuestas y pidió al Gobierno territorial y nacional fortalecer las medidas de prevención y protección ante la continuidad de las acciones armadas en estas regiones históricamente golpeadas por el conflicto.

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