La Unidad Nacional de Protección (UNP) inició el análisis formal de la situación de seguridad del activista e influenciador Franklin Humberto “Beto” Coral Garrido, tras su deportación desde Estados Unidos la noche del jueves 16 de julio de 2025. La medida, confirmada por el director de la entidad, Augusto Rodríguez, se da en medio de una fuerte controversia por la asignación exprés de un esquema de seguridad que incluye vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco balístico, gestionado en apenas dos días cuando el tiempo estándar de la UNP para brindar protección oscila entre tres meses y un año.
Coral, conocido por su firme defensa al Gobierno de Gustavo Petro y por sus críticas abiertas a Donald Trump y al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella, fue detenido el 16 de junio de 2025 en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) lo catalogó como “extranjero ilegal” al permanecer en el país tras el vencimiento de su visado. Coral, quien había solicitado asilo político en 2015 y llevaba más de diez años fuera de Colombia, renunció voluntariamente a ese proceso durante su detención. “Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos”, declaró el activista a su llegada a Colombia, donde la canciller Rosa Villavicencio lo recibió personalmente.
Denuncias por trámite de emergencia sin estudio de riesgo
El sindicato de trabajadores de la UNP, Analtraseg, denunció que la asignación del esquema de seguridad se tramitó mediante un procedimiento de emergencia ordenado por la alta dirección, sin que mediara un estudio de seguridad previo, contraviniendo los lineamientos internos de la entidad. “La única manera de haberle asignado protección es a través de un trámite de emergencia ejercido por la dirección de la UNP”, señaló un vocero de Analtraseg, al tiempo que cuestionó la premura del proceso para alguien que había estado fuera del país por más de una década. Coral, por su parte, evitó dar detalles sobre su detención: “No puedo referirme a los detalles de mi detención, puesto que en estos momentos lo único que quiero es sacar de forma urgente a mi familia de ese país”. En el mismo vuelo de deportación viajaban más de 70 connacionales.
El concejal de Bogotá, Rolando González, elevó el tono de las críticas al contrastar la rápida protección a Coral con la histórica falta de respuesta a solicitudes de seguridad de figuras políticas de la oposición. “Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay, entonces candidato de la oposición, solicitó en 20 ocasiones el fortalecimiento de su seguridad y fue ignorado por la UNP”, afirmó González, en alusión al exsenador asesinado. La comparación reavivó el debate sobre los criterios de la UNP para asignar recursos de protección y la posible discrecionalidad en las decisiones de la alta dirección.
Llamados a la revisión del uso de recursos públicos
Ante la polémica, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella intervenir y revisar el uso de los recursos públicos destinados a esquemas de seguridad, insistiendo en que el caso de Beto Coral evidencia una falta de rigurosidad en los procesos internos de la UNP. Mientras la entidad adelanta el análisis de riesgo formal para determinar la permanencia del esquema otorgado de emergencia, el país sigue expectante ante las decisiones que tomará la nueva administración frente a un sistema de protección que, según críticos, ha mostrado tratos desiguales y demoras injustificadas para otros solicitantes.
