Colombia enfrenta litigios internacionales de inversión que acumulan pretensiones por 73,8 billones de pesos, según el balance de gestión presentado por el director saliente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés. En una entrevista concedida al diario El Tiempo, el exmagistrado, quien ocupó el cargo hasta el pasado 7 de agosto, entregó un detallado informe sobre el estado de los arbitrajes y controversias que involucran al país, justo en el marco de la transición hacia la administración de Abelardo De La Espriella, donde Germán Calderón España asumió la dirección de la Agencia.
De acuerdo con el reporte, actualmente Colombia tiene 19 arbitrajes internacionales de inversión activos y 16 controversias en etapa prearbitral. Pese a la magnitud de las cifras en juego, Palomino destacó que la gestión de su equipo logró evitar contingencias por cerca de 2,9 billones de pesos entre 2022 y 2026, cifra que asciende a 4,4 billones de pesos si se incluyen logros previos. El único caso con condena en firme en arbitrajes internacionales corresponde al denominado Glencore I, por un monto de 20,7 millones de dólares.
Estrategia de defensa y eficiencia en costos
Durante el cuatrienio, la Agencia implementó una estrategia basada en rigor técnico, planeación y coordinación interinstitucional para consolidar la defensa internacional de Colombia. Uno de los hitos más relevantes fue el primer acuerdo de transacción en un arbitraje internacional de inversión, que evitó una contingencia de 380 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1,5 billones de pesos. Además, el costo promedio de representación jurídica internacional para Colombia fue de 2,5 millones de dólares por caso, significativamente inferior al promedio regional de 5,6 millones de dólares.
«Son procesos de enorme complejidad y alto impacto fiscal, razón por la cual la defensa jurídica del Estado se ha convertido en un asunto estratégico para proteger los recursos públicos, brindar seguridad jurídica y fortalecer la confianza de quienes invierten en Colombia»
César Palomino Cortés, director saliente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
El funcionario subrayó el impacto concreto de esta gestión en la vida de los colombianos al afirmar que «cada peso que el Estado deja de perder en un litigio es un peso que puede destinarse a educación, salud, infraestructura o seguridad». En esa línea, Palomino insistió en que «la seguridad jurídica no se proclama; se demuestra. Y hoy Colombia puede demostrarla con resultados concretos, con instituciones fortalecidas y con una defensa jurídica que inspira confianza dentro y fuera del país».
Diálogo como herramienta diplomática
En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la gestión de Palomino dejó otro hito: se suscribieron 45 acuerdos de solución amistosa en los últimos cuatro años, la cifra más alta registrada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció a Colombia como referencia regional por este logro. Para el exdirector, «cuando un Estado privilegia el diálogo antes que el litigio, fortalece la democracia, protege los derechos humanos y demuestra que sus instituciones son capaces de construir soluciones en beneficio de las víctimas y del país».
«La mejor señal que puede enviar un país a los inversionistas es demostrar que sus instituciones funcionan, respetan las reglas de juego y cuentan con una defensa jurídica seria, técnica e independiente»
César Palomino Cortés
De cara al futuro, Palomino expresó su deseo de que la nueva administración continúe con la política de soluciones amistosas, señalando que «nuestra principal expectativa es que este camino continúe. Las soluciones amistosas deben consolidarse como una política de Estado y no depender de los cambios de Gobierno». Con la llegada de Germán Calderón España a la dirección de la Agencia, queda abierto el interrogante sobre la continuidad de estas estrategias en un contexto de nuevos liderazgos y prioridades gubernamentales.
