El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta una carrera contrarreloj para que el Congreso apruebe el Presupuesto General de la Nación de 2027, fijado en 634,9 billones de pesos, antes del próximo 20 de octubre. La propuesta, que representa un aumento de 59,3 billones de pesos frente al proyecto heredado de la administración de Gustavo Petro, ha generado un fuerte debate en las comisiones económicas del Legislativo, donde congresistas de distintos partidos exigen claridad sobre los recortes que se aplicarán, especialmente en el rubro de inversión. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha defendido la cifra como «el presupuesto de la verdad», asegurando que refleja la situación real de las finanzas públicas sin artilugios contables, mientras las comisiones tienen como plazo límite el 15 de septiembre para definir el monto global.
El incremento de 59,3 billones de pesos respecto a los 575,7 billones planteados por el gobierno anterior se explica, en un 61%, por el aumento en el servicio de la deuda, que pasó a 155,4 billones de pesos, es decir, 37,4 billones más. El resto corresponde a obligaciones de funcionamiento, como los gastos en salud, pensiones, nómina y subsidios energéticos, que crecieron 24,9 billones, mientras que la inversión se redujo en 3 billones, quedando en 87 billones de pesos. Según el Ejecutivo, la reformulación del presupuesto obedeció a la detección de inconsistencias y obligaciones no reconocidas en la propuesta anterior, así como a la necesidad de incluir gastos derivados del terremoto del pasado 10 de agosto. No obstante, la senadora Sara Castellanos, presidenta de la Comisión Tercera, ha puesto una línea roja: «Dónde van a recortar», advirtiendo que la inversión no puede ser la variable de ajuste principal.
Presión política y advertencias del sector privado
El debate se da en un clima de fuerte presión política. Partidos como Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador han expresado reparos a la cuantía del presupuesto y a su distribución, mientras que el Pacto Histórico, a través de la representante María del Mar Pizarro, plantea reducir la cifra al crecimiento esperado de la economía. La situación se complicó aún más por la ausencia de varios ministros en una segunda jornada de explicación del proyecto en el Congreso, lo que generó críticas de los legisladores. En paralelo, el empresariado ha alzado la voz. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), advirtió que reducir la inversión productiva afecta directamente la infraestructura, la productividad y el capital humano, aunque reconoció que «sincerar las cuentas no crea el problema; nos permite conocer su verdadera dimensión».
«La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años», afirmó Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, al referirse a las proyecciones que indican un déficit fiscal del 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027 si no se toman medidas.
Leonardo Villar, Gerente General del Banco de la República
Las cifras del nuevo presupuesto revelan una mayor dependencia de recursos de capital, que pasaron de 187 a 287 billones de pesos, mientras que los ingresos corrientes disminuyeron de 325,8 a 315,1 billones de pesos, reflejando un escenario fiscal más ajustado. Las necesidades de financiación del Gobierno central se dispararon de 130 a 266 billones de pesos, lo que ha llevado al ministro Gómez Martínez a alertar sobre el impacto en el crédito privado. «Entonces, la plata que le deberían estar prestando al sector privado para generar empresa, para generar crecimiento, esa plata se la chupa el Estado», sostuvo el jefe de la cartera de Hacienda, en alusión a la creciente participación de la deuda pública en el sistema financiero, donde los fondos privados administrados por Asofondos, que suman cerca de 570 billones de pesos, tienen más del 30% invertido en títulos del Estado.
Frente a este panorama, el Gobierno prepara una ley de ajuste fiscal para reducir el déficit, con la meta de disminuir el déficit primario en 2,2 puntos del PIB y llevar el déficit total a cerca del 7,2% del PIB, mientras la deuda neta se proyecta en 66,2% del PIB. Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso aún tienen la facultad de modificar la distribución de los recursos una vez fijado el monto global, y la presión de diversos sectores para que la inversión no sea el principal sacrificado mantiene en vilo la aprobación de un presupuesto que, según el ministro Gómez, «lo que hace es decir cuál es la situación real de las finanzas públicas».
