La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal tras la denuncia presentada por el equipo de seguridad del presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que se alerta sobre un presunto plan de atentado en su contra por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc. Según los reportes de inteligencia que motivaron la denuncia, estas estructuras armadas habrían ofrecido hasta tres mil millones de pesos como recompensa para ejecutar un ataque contra el mandatario electo durante sus recorridos regionales de empalme, así como en eventos públicos, ruedas de prensa y actividades con comunidades.
La investigación quedó en manos de un fiscal delegado de la seccional del Atlántico, mientras que la Policía Judicial ya desarrolla labores de esclarecimiento. Las autoridades ajustaron los protocolos de protección y la fuerza pública modificó los esquemas de control en recintos y plazas donde se prevé la asistencia de comunidades y prensa. Los informes de inteligencia advierten, además, sobre posibles intentos de infiltración en encuentros con niños y adultos mayores, lo que ha llevado a reforzar los procedimientos de ingreso en cada evento programado del presidente electo.
Reacciones y solidaridad política
Ante la gravedad de la amenaza, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde expresó: “Toda la solidaridad con el Presidente Electo Abelardo de la Espriella”. El partido Centro Democrático, al que pertenece De la Espriella, emitió un comunicado en el que condena enérgicamente cualquier plan criminal contra su vida y reitera su respaldo al mandatario electo.
“Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”
Equipo de prensa de Abelardo de la Espriella
El hecho se produce en plena transición de gobierno, antes de la posesión del nuevo mandatario, y refleja la presión que ejercen los grupos armados ilegales para obstaculizar el ejercicio del poder elegido en las urnas. La administración entrante ha mantenido una postura firme: los grupos ilegales tienen plazo hasta el 7 de agosto para someterse a la justicia, una fecha límite que ahora cobra mayor relevancia en medio de la investigación por el presunto complot.
El Centro Democrático, por su parte, manifestó en su comunicado que “expresa su solidaridad con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y condena enérgicamente cualquier amenaza o plan criminal que pretenda atentar contra su vida”. La Fiscalía continúa con la indagación formal, mientras las autoridades de seguridad evalúan permanentemente los riesgos y ajustan los dispositivos de protección en cada actividad pública del presidente electo.
