La senadora Isabel Zuleta López, del Pacto Histórico, presentó el pasado 20 de julio una proposición formal ante la mesa directiva del Congreso de la República solicitando que se abstenga de posesionar a Abelardo de la Espriella como presidente el próximo 7 de agosto de 2026. La iniciativa, dirigida a la plenaria del Legislativo, pide que la ceremonia de transmisión del mando quede suspendida hasta que la justicia colombiana examine a fondo las pruebas de presunto fraude electoral que ha difundido el presidente saliente Gustavo Petro. En el documento, Zuleta advierte que posesionar a De la Espriella sin esclarecer las denuncias podría convertir al Congreso en «legitimador de un mandato presuntamente obtenido mediante actuaciones contrarias a la Constitución».
La solicitud se da en medio de una controversia que estalló luego de que el presidente Gustavo Petro difundiera en sus redes sociales una demanda de nulidad contra la elección presidencial de 2026, que dio como ganador a Abelardo de la Espriella. Según Petro, el recurso fue presentado por un colectivo de 70.000 personas denominado «testigos digitales», quienes aseguran haber identificado «manipulación algorítmica del voto real» a partir del análisis de metadatos de los archivos del software de escrutinios. El mandatario, en su publicación, afirmó que el documento usa un lenguaje técnico pero que será explicado en videos dirigidos a la comunicación popular. La senadora Zuleta, por su parte, ha sostenido que el Congreso no debe asumir la «grave responsabilidad política e institucional» de dar el visto bueno a un poder presuntamente obtenido de manera irregular.
Las irregularidades señaladas en la proposición
En la carta dirigida a la plenaria del Congreso, la senadora detalla una serie de presuntas anomalías que, a su juicio, empañan la legitimidad del proceso electoral. Entre ellas menciona la designación y actuación de jurados en el exterior, inconsistencias en los registros electorales, la participación de personas no inscritas en mesas de votación y la presencia de electores en circunscripciones consulares que no les correspondían. También se cuestiona la autenticidad de los resultados y se denuncia la posible existencia de votaciones irregulares. Además, la proposición hace referencia a reportes sobre financiación de la campaña de De la Espriella con aportes provenientes de Estados Unidos, Europa y otras fuentes extranjeras, lo que podría vulnerar las normas colombianas que prohíben el financiamiento externo de campañas políticas.
«El Congreso de la República no debe posesionar al señor Abelardo de la Espriella mientras no exista una decisión de la justicia colombiana que permita establecer que su elección fue legítima, transparente, libre de financiación prohibida, de intervención extranjera y de cualquier actuación que hubiera alterado la voluntad popular».
Isabel Zuleta López, senadora de la República
La senadora subraya que la posesión presidencial sin un esclarecimiento judicial de estas denuncias implicaría que el Congreso asumiera una responsabilidad que trasciende lo meramente protocolar. En sus palabras, «poseer a un presidente cuya elección no ha sido suficientemente esclarecida… implicaría que el Congreso asumiera una grave responsabilidad política e institucional y se hiciera partícipe de la legitimación de un poder presuntamente obtenido de manera irregular». La proposición de Zuleta queda ahora en manos de la mesa directiva del Congreso, que deberá decidir si la somete a discusión en la plenaria. Mientras tanto, la fecha del 7 de agosto se mantiene en el calendario como el día previsto para la transmisión del mando, aunque la controversia crece y abre un nuevo capítulo en la ya tensa política colombiana.
