El Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín validó la primera condena en el escándalo de corrupción que involucra millonarios contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La decisión judicial, emitida el viernes 24 de julio de 2026, ratificó la sentencia de 19 meses de prisión contra Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como tesorero del cuerpo de bomberos, tras admitir mediante un preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad por el delito de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo. La formalización de esta sentencia quedó programada para el 20 de agosto del mismo año, y el condenado permanece en libertad mientras se define su situación judicial.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que, entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022, Cardona Henao elaboró 15 documentos falsos, entre cuentas de cobro y soportes, para simular la prestación de servicios de transporte y así justificar desembolsos de recursos públicos que nunca se materializaron. Este entramado fraudulento operó durante la emergencia sanitaria por la pandemia, donde se habrían desviado fondos destinados a la adquisición de kits de bioseguridad y capacitaciones. En un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que «las pruebas presentadas permitieron que el extesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en la expedición de documentos irregulares para autorizar el desembolso de recursos durante la ejecución de varios contratos», lo que representó un detrimento patrimonial superior a los 120 millones de pesos en este caso concreto.
Un entramado de corrupción que supera los 2.400 millones de pesos
Este proceso se inscribe en un macroproceso que investiga un esquema de corrupción que habría operado mediante la simulación de servicios y la falsificación de soportes para sustraer recursos estatales destinados a emergencias y dotación de bomberos. Los contratos investigados ascienden a cerca de 18.000 millones de pesos, mientras que el daño patrimonial total identificado en los seis contratos firmados entre 2020 y 2023 supera los 2.481 millones de pesos. La Fiscalía identificó irregularidades como «cuentas de cobro con firmas falsificadas, cobros por servicios que no fueron prestados y soportes correspondientes a fechas en las que la persona que supuestamente prestó el servicio se encontraba fuera del país», según detalló el organismo investigador en su comunicado oficial.
«Entre las irregularidades detectadas figuran cuentas de cobro con firmas falsificadas, cobros por servicios que no fueron prestados y soportes correspondientes a fechas en las que la persona que supuestamente prestó el servicio se encontraba fuera del país».
Fiscalía General de la Nación
El entramado investigado involucra a otras figuras de alto perfil, como Juan David Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien ya fue imputado; Misael Cadavid, exjefe de bomberos, quien firmó un principio de oportunidad; y se espera la imputación contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Este último ha calificado el proceso como una «persecución política», mientras que el periodo de los hechos investigados, entre 2020 y 2022, coincide con el mandato de Quintero al frente de la Alcaldía de Medellín, lo que ha añadido un componente político al escándalo que continúa salpicando a varios funcionarios de la época.
