El abogado Alejandro Carranza, reconocido por asumir la defensa del presidente Gustavo Petro y de su hijo Nicolás Petro, salió al paso de las críticas formuladas por el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, respecto a un contrato por más de 88 millones de pesos suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Carranza explicó que el convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, corresponde a una consultoría estratégica enfocada en el proceso de empalme gubernamental, y rechazó de manera categórica las acusaciones del congresista opositor.
La controversia estalló luego de que el senador Forero hiciera pública, a través de su cuenta en la red social X, una denuncia sobre la contratación, cuestionando que se hubiera formalizado en la recta final del gobierno de Gustavo Petro y que el beneficiario fuera, precisamente, el abogado que representa legalmente al primer mandatario y a su hijo. En su publicación, Forero insinuó presuntas irregularidades, lo que desató una airada respuesta por parte de Carranza, quien no solo defendió la legalidad del contrato sino que también calificó la actitud del senador como «abusiva y cobarde».
Una consultoría para el empalme y el litigio estratégico
De acuerdo con la información divulgada por el propio Forero, el objeto del contrato incluye apoyar la elaboración y estructuración de informes requeridos por organismos de control, así como análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta. Carranza, en entrevista con Noticias RCN, fue enfático al señalar que se trata de un acuerdo de prestación de servicios profesionales para una «consultoría estratégica en este momento y un litigio estratégico», y que su duración de ocho meses responde a las necesidades específicas del Dapre. «Es por un término que es de aquí a diciembre, eso es todo», sentenció el jurista, desestimando las sospechas de un posible conflicto de intereses.
La defensa de Carranza se tornó aún más vehemente en sus redes sociales, donde arremetió contra el senador Forero. «Vergonzoso que un senador no pregunte antes de juzgar, vergonzoso que Forero matonee a los abogados por trabajar. El Dapre necesita atención especializada por la falta de empalme que creó el gobierno entrante, entonces qué, les toca quedarse quietos y no consultar. Abusivo y cobarde el Senador Forero», escribió el abogado, quien también ironizó sobre los cuestionamientos de la duración del contrato, replicando: «Y por qué dos semanas, tras de cobarde e irresponsable no sabe leer. Si el contrato es de ocho meses son ocho meses de trabajo. Lea!!».
«Este es un contrato para hacer una consultoría estratégica en este momento, un litigio estratégico y es por un término que es de aquí a diciembre, eso es todo»
Alejandro Carranza, abogado defensor del presidente Gustavo Petro
Seguridad y antecedentes de controversia
El perfil de Carranza en la escena pública no solo está marcado por su papel como defensor del presidente y su hijo, sino también por la controversia que ha rodeado su figura. El abogado cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), una medida que él mismo ha justificado no por su labor como abogado de figuras políticas, sino por el contexto de polarización que vive el país. «El tema de mi seguridad es un tema que realmente amerita la protección, no por ser el abogado de Nicolás, ni por ser sencillamente el abogado de Gustavo Petro, sino por defender en un momento de polarización a personas representantes de un polo», argumentó Carranza.
No es la primera vez que el nombre de Carranza genera debate público. En 2025, la designación de su esposa como asesora del director de la Aeronáutica Civil desató cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, un antecedente que ahora se suma a esta nueva polémica. Frente a las críticas, el abogado ha insistido en que su trabajo se enfoca estrictamente en el proceso de empalme gubernamental y la revisión de documentos solicitados por congresistas, y ha rechazado cualquier insinuación de que el contrato tenga un objeto diferente al de una consultoría jurídica, tal como quedó estipulado en el documento divulgado.
