La representante a la Cámara por Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, radicará en las próximas horas una proposición de debate de control político contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por la ejecución de los recursos destinados a la niñez, el cierre de hogares comunitarios y la atención a casos de violencia sexual infantil. La citación, que se tramitará en el Congreso de la República, busca que ambas funcionarias rindan cuentas sobre la gestión presupuestal, la formalización laboral de madres y padres comunitarios, y las acciones frente al reclutamiento forzado de menores, entre otros temas críticos.
La congresista, en ejercicio de la función constitucional de vigilancia y control político, ha preparado un cuestionario de 36 preguntas que abordan desde la ejecución presupuestal del Icbf entre 2022 y 2026 hasta los indicadores de cobertura de los programas de primera infancia y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los puntos más álgidos es la disminución de Hogares Comunitarios de Bienestar en Bogotá y sus efectos en la atención a la niñez, así como la contratación y formalización laboral de las madres comunitarias, un proceso que avanza lentamente y que genera incertidumbre entre las trabajadoras.
Las cifras que respaldan la preocupación de la representante son contundentes. Según datos del Icbf, actualmente hay 3.773 procesos activos de restablecimiento de derechos por violencia sexual contra menores, 405 por violencia física y 242 por violencia psicológica. De esas víctimas, el 86% son niñas, principalmente en edades entre los 12 y 17 años. Además, la entidad enfrenta una grave situación financiera: el informe de empalme del Icbf advierte que para 2027 se necesitarán 21,5 billones de pesos para garantizar la continuidad de los programas, mientras que la proyección del Ministerio de Hacienda es de apenas 13,8 billones, lo que deja una brecha de 7,6 billones. A esto se suma un déficit en los proyectos de inversión cercano a los 6 billones de pesos.
Formalización de madres comunitarias, un proceso en cuestión
Uno de los temas centrales del debate será la formalización laboral de las madres y padres comunitarios, un proceso impulsado mediante decretos que crean una planta temporal en el Icbf. El informe de empalme de la entidad destaca que se logró un primer hito con 2.353 madres comunitarias vinculadas como trabajadoras oficiales en 31 regionales. Sin embargo, la segunda etapa, que pretende vincular a 15.321 madres, requiere recursos adicionales por 759.133 millones de pesos, y la congresista cuestiona la falta de información clara sobre el número de cargos, el cronograma y la disponibilidad de recursos. La formalización se realiza en cumplimiento de la reforma laboral, pero su avance es lento y genera incertidumbre entre las trabajadoras, muchas de las cuales llevan décadas en condiciones precarias.
«La niñez colombiana y quienes están a cargo de su cuidado merecen un gobierno comprometido con la garantía de sus derechos y el Congreso tiene el deber de verificar que cada peso destinado a nuestros niños se esté ejecutando correctamente y que las políticas públicas realmente estén cumpliendo con el objetivo de salvarlos. Este debate busca que el Icbf y Ministerio del Trabajo le rindan cuentas al país sobre temas tan sensibles hoy más que siempre que tantos niños y niñas están siendo tan vulnerados», afirmó la representante Nelly Patricia Mosquera.
Nelly Patricia Mosquera, representante a la Cámara
Los desafíos financieros del Icbf
El informe de empalme del Icbf, citado por la congresista, revela que el próximo Gobierno enfrentará una brecha de 7,6 billones de pesos para garantizar la continuidad de los programas y obligaciones institucionales. Además de la formalización de madres comunitarias, sustitutas y trabajadores de hogares infantiles, el debate abordará el subsidio de solidaridad pensional para exmadres y expadres comunitarios, que presenta demoras en su asignación. La representante también pondrá sobre la mesa las acciones del Icbf contra el reclutamiento forzado de menores y la atención integral a las víctimas de violencia sexual, un flagelo que sigue en aumento y que requiere respuestas urgentes.
Con esta iniciativa, la representante Mosquera busca que el Congreso ejerza su deber de control político y que tanto el Icbf como el Ministerio del Trabajo expliquen de manera detallada cómo están ejecutando los recursos y qué medidas concretas están tomando para proteger a la niñez colombiana. La radicación de la proposición es inminente y se espera que el debate se programe en las próximas semanas, en medio de la creciente preocupación por la situación de los menores en el país, que reclama respuestas efectivas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
