Tres generales retirados del Ejército y 22 exmilitares reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en el asesinato y desaparición de personas inocentes en el Caribe colombiano, crímenes que fueron presentados falsamente como bajas en combate. La audiencia, celebrada el pasado 28 de julio, hizo parte del subcaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos», donde los uniformados admitieron hacer parte de una estructura criminal que operó entre enero de 2002 y diciembre de 2008.
Las víctimas, en su mayoría habitantes de comunidades indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, eran engañadas con promesas de empleo para que abandonaran sus hogares, para luego ser asesinadas y reportadas como muertas en combate. En total, más de 1.175 víctimas han sido acreditadas en el proceso, de las cuales 108 participaron en la audiencia, mientras que la JEP estudia hasta 4.740 casos individuales. Entre las víctimas hay 26 niñas y niños, 31 integrantes de los pueblos indígenas mencionados, 14 mujeres asesinadas (una de ellas embarazada de siete meses) y más de 120 cuerpos que aún permanecen sin identificar.
El testimonio del coronel Borja y la cadena de mando
El coronel retirado Luis Fernando Borja, quien formó parte del comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre entre marzo de 2007 y junio de 2008, hizo un reconocimiento explícito de los hechos. «Participé voluntaria y conscientemente en una estructura criminal que buscó presentar resultados operacionales mediante el asesinato y desaparición de personas que, posteriormente, fueron reportadas falsamente como integrantes de grupos armados muertos en combate», declaró ante el tribunal. En una intervención que estremeció a los presentes, Borja señaló directamente al general Freddy Padilla de León, quien se desempeñaba como comandante general de las Fuerzas Militares: «Mi general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, conocía lo que estaba pasando, conocía que estábamos asesinando a gente inocente. No era una simple manzana podrida. Todos sabíamos lo que estaba pasando, absolutamente todos». Dirigiéndose a una de las víctimas, el coronel retirado agregó: «No pregunte quién dio la orden, pregunte quiénes sabían lo que estaba pasando».
«Betsy tenía apenas dos años cuando recibió un proyectil en su pie derecho, dejándole daños físicos y psicológicos que aún la afectan. A mis cinco años no supe qué era un amor, un abrazo, un beso, una bendición, un aguinaldo; no lo supimos porque la fuerza pública nos arrebató a nuestra madre cruelmente»
Chely Nieves Oñate, víctima
Los exmilitares negaron que se tratara de casos aislados, afirmando que las muertes fueron consecuencia de un sistema de presiones e incentivos para presentar resultados operacionales falsos. Chely Nieves Oñate, una de las víctimas que declaró en la audiencia, describió cómo su madre fue asesinada el 7 de marzo de 2006, cuando estaba embarazada de siete meses, y presentada como guerrillera dada de baja. La mujer era cabeza de hogar y su hija Betsy, de apenas dos años, resultó herida en el ataque. «No queremos verdades a medias, ni mucho menos respuestas incompletas. Lo que ustedes nos hicieron no tiene nombre», expresó Oñate ante el tribunal.
Florinda Arrieta, madre de otra víctima, pidió que se mencione la identidad de todos los altos mandos y políticos que tenían conocimiento de los hechos. «Ellos no eran cifras ni resultados operacionales, eran hijos, hermanos, padres y amigos. Seguimos levantando la voz hasta que toda la verdad sea conocida, hasta que los responsables asuman plenamente sus actos, hasta que nuestros hijos recuperen su buen nombre y hasta que ninguna madre vuelva a vivir este dolor», afirmó Arrieta, quien representa a cientos de familias que aún buscan justicia por sus seres queridos desaparecidos.
