El presidente Gustavo Petro defendió la firma masiva de 43.092 contratos públicos por cerca de 7 billones de pesos, suscritos entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, apenas terminó la vigencia de la Ley de Garantías. En una serie de mensajes en su cuenta de X, el mandatario argumentó que esta contratación es necesaria para evitar la parálisis del Estado y rechazó las críticas que calificó como parte de una «matriz de moda para el desprestigio del gobierno». Según Petro, la firma de estos acuerdos responde a la necesidad de renovar los contratos de personas que ya venían laborando, principalmente bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (Psag). El presidente afirmó que si la Contraloría encuentra alguna irregularidad, él mismo pondrá las denuncias y adelantó que presentará varios hechos de corrupción detectados en su administración.
Los datos, analizados por Transparencia por Colombia y publicados por medios nacionales, revelan que 2.829 entidades nacionales y territoriales participaron en esta oleada contractual. Del total de recursos, 4 billones de pesos corresponden a entidades territoriales como alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, resguardos indígenas y empresas de servicios públicos, mientras que 3,7 billones fueron ejecutados por entidades del orden nacional. Dentro del Gobierno nacional, la rama Ejecutiva concentró el 93% del valor, es decir, 3,4 billones de pesos. La Organización Transparencia por Colombia advirtió que si bien la Ley de Garantías finalizó el 21 de junio, el volumen y la velocidad de la contratación generan interrogantes sobre su planeación y legalidad.
Preocupación de la Contraloría por la planeación y la supervisión
La contralora delegada para las Finanzas, Jenny Lindo, expresó su preocupación ante la magnitud de la contratación. En declaraciones a El Tiempo, Lindo señaló que el problema de fondo es la posible violación de los principios de la administración pública. «Si la Contraloría evidencia que se hacen traslados sin respaldo presupuestal, o que se firman contratos sin planeación o sin la seguridad de que se puedan ejecutar en estos cinco meses, esto terminará en responsabilidades de carácter disciplinario o fiscal», afirmó. La funcionaria también cuestionó la capacidad del Estado para supervisar más de 14.000 contratos en lo que resta del semestre, subrayando que se requiere un músculo institucional que va más allá de lo financiero. «Debe existir la capacidad no solo de suscribir contratos, sino de ejecutarlos y supervisarlos», agregó.
«Después de ley de garantías toca firmar los contratos de las personas que trabajan o sino el estado de paraliza».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Petro, por su parte, insistió en que la mayoría de estos contratos son directos y corresponden a personas que ya estaban vinculadas desde antes, y que el proceso busca respetar la anualidad, un principio constitucional. Sin embargo, las voces críticas, tanto de la oposición como de organismos de control, sostienen que el volumen de gasto al final del mandato presidencial y la falta de claridad en el respaldo presupuestal son motivos de alarma. En las próximas semanas se espera que la Contraloría anuncie las acciones de vigilancia fiscal que emprenderá para revisar esta millonaria contratación.
