El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta ordenó el arresto por 10 días del alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, y de la secretaria de Planeación Distrital, Patricia Lucía Caicedo Lafaurie, tras declararlos en desacato por incumplir de manera integral una orden de tutela. La decisión judicial se produjo porque los funcionarios no respondieron en el plazo de 48 horas un derecho de petición presentado por el ciudadano José Humberto Torres, quien solicitaba información detallada sobre las obras de estabilización costera en Playa Salguero, un proyecto que había sido suspendido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La tutela original, emitida el 19 de noviembre de 2025, exigía a la administración distrital dar respuesta completa sobre aspectos como la licencia ambiental del proyecto, el estado del contrato, los recursos entregados al contratista y las consecuencias económicas derivadas de la suspensión ordenada por la ANLA. Sin embargo, el juzgado consideró que la respuesta ofrecida por los funcionarios no fue integral y que no demostraron haber adoptado medidas eficaces para cumplir cabalmente el fallo de tutela. Además, la administración había programado una cita con el peticionario para resolver sus inquietudes, pero esa reunión fue cancelada sin que se fijara una nueva fecha, hecho que también pesó en la declaración de desacato.
Incumplimiento y consecuencias legales
La sanción de 10 días de arresto, que afecta tanto al alcalde como a la secretaria de Planeación, no es aún firme, pues deberá surtir un trámite de consulta ante un juez superior antes de que pueda ejecutarse. No obstante, la decisión del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta deja en evidencia el reiterado incumplimiento de la administración distrital frente a las órdenes judiciales que buscan garantizar el derecho fundamental de petición de los ciudadanos. El caso también ha puesto bajo escrutinio la gestión del proyecto de estabilización costera en Playa Salguero, un tema sensible para la ciudad debido a los impactos ambientales y económicos involucrados.
La eventual ejecución del arresto no elimina la obligación de la administración distrital de responder de fondo la solicitud del ciudadano José Humberto Torres. El juzgado fue enfático en que el cumplimiento de la tutela debe ser integral y no meramente formal, lo que significa que el alcalde y la secretaria de Planeación tendrán que entregar la información requerida de manera completa y oportuna, independientemente de la sanción impuesta. Mientras tanto, la comunidad y los sectores ambientales siguen atentos al desarrollo de este caso, que evidencia las tensiones entre la gestión pública y el control judicial en Santa Marta.
