La Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación formal contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, luego de que presuntamente publicara el auto de suspensión del presidente Gustavo Petro en junio de 2026 como una medida de presión ante el fracaso de las exigencias de dinero, nombramientos y favores políticos que le habría planteado al Gobierno.
El expediente, de 46 páginas, establece que Arizabaleta, quien presidía la Comisión de Investigación y Acusaciones, sostuvo cuatro reuniones con el abogado defensor del mandatario, Alejandro Carranza, en los meses de febrero, mayo y el 8 de junio de 2026. Durante estos encuentros, la congresista del Pacto Histórico habría solicitado servir de enlace con el Ejecutivo para cerrar las investigaciones contra el jefe de Estado, exigiendo a cambio cuotas burocráticas en entidades estatales y recursos económicos. Al no concretarse sus exigencias, la exrepresentante habría proferido una advertencia directa, según consta en el testimonio del abogado Carranza ante la Sala de Instrucción del alto tribunal.
«Usted ya sabe, usted tiene que hablar o tienen que buscar los votos. Busquen los votos. Si ustedes no arreglan, nosotros lo llevamos a juicio»
Gloria Arizabaleta, Exrepresentante a la Cámara (según testimonio de Alejandro Carranza ante la Corte Suprema)
La advertencia se materializó el 10 de junio de 2026, cuando Arizabaleta hizo efectiva su amenaza y anunció públicamente la suspensión del mandatario, quien se encontraba en Nueva York. «Acabo de tomar la decisión histórica de suspender al presidente de la República, que se encuentra en este momento en Nueva York. Como hemos informado, suspenderlo desde hoy con efecto inmediato del cargo hasta el domingo, día de elecciones, cuando se cierren las urnas», declaró en su momento la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones.
«Acabo de tomar la decisión histórica de suspender al presidente de la República, que se encuentra en este momento en Nueva York. Como hemos informado, suspenderlo desde hoy con efecto inmediato del cargo hasta el domingo, día de elecciones, cuando se cierren las urnas»
Gloria Arizabaleta, 10 de junio de 2026
La determinación de Arizabaleta desató un inmediato terremoto jurídico, pues el procedimiento formal para suspender a un presidente requiere un trámite que culmina en el pleno del Senado, no una decisión unipersonal de la Comisión. Por este presunto abuso de funciones, la Procuraduría General de la Nación dictó una suspensión provisional contra la exlegisladora, sumándose a la investigación que ya adelanta la Corte Suprema. El proceso penal en su contra también incorpora los testimonios de la entonces directora del DAPRE, Nohora Mondragón, y del exministro de Hacienda Germán Ávila, quien declaró que Arizabaleta le solicitó dinero a cambio de votos favorables.
El expediente incluye intercambios de mensajes donde la exrepresentante entregó al abogado Carranza borradores de decisiones judiciales que tenían carácter reservado, así como diálogos sobre una compulsa de copias contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ha citado a indagatoria a la exrepresentante para el miércoles 2 de septiembre de 2026, mientras la defensa del presidente Petro ha anunciado que solicitará una medida de aseguramiento privativa de la libertad para Arizabaleta. La hipótesis central que maneja el tribunal es que la publicación de la suspensión presidencial no fue un acto legítimo de control político, sino una retaliación directa ante el fracaso de las exigencias no concretadas por parte de la entonces congresista.
