En un hecho que ha conmocionado al Valle del Cauca y al país, tres integrantes del pueblo Nasa, entre ellos el gobernador mayor del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, fueron asesinados en un ataque armado ocurrido el pasado 1 de agosto en el municipio de Florida. Las víctimas fueron identificadas como Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador mayor del resguardo, líder indígena y defensor de derechos humanos; Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, integrante de la guardia indígena, y Hamilton Daniel Dagua, comunero del pueblo Nasa. Además, resultó herido Jhon Fredy Lemus Ferro, quien también pertenecía a la guardia indígena y se encontraba cumpliendo labores de protección colectiva y diferencial en el momento del ataque.
La gravedad del suceso, que se da en medio de la persistente violencia contra las comunidades indígenas en Colombia, generó una inmediata condena por parte de la Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia, que exigió a las autoridades competentes reforzar la protección de estos pueblos y combatir la impunidad. El organismo internacional señaló, mediante un comunicado oficial, que “llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural”. Asimismo, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe y el pueblo Nasa, y reiteró su disposición a acompañar a las autoridades en la defensa y protección de los derechos humanos.
Recompensa y medidas institucionales
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó de inmediato un Consejo de Seguridad Extraordinario tras conocer el ataque. En sus declaraciones, la mandataria calificó el hecho como “atroz” y anunció una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales. “Tras conocer el atroz atentado que dejó tres personas asesinadas, entre ellas el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, hoy citamos un Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que definimos una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables”, afirmó Toro.
La gobernadora también reveló un dato que incrementa la indignación: el gobernador asesinado contaba con medidas colectivas de protección, se encontraba bajo amenazas y estaba a la espera de un esquema individual de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el cual nunca llegó. “Es especialmente grave señalar que el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe contaba con medidas colectivas, se encontraba bajo amenazas y estaba a la espera de un esquema individual de protección por parte de la UNP, el cual no llegó”, subrayó la mandataria. Como parte de la respuesta, se ordenó la conformación de un equipo especializado de la Policía Nacional para apoyar la investigación de los hechos y se anunció una Mesa de Derechos Humanos para el próximo 3 de agosto en Florida, con participación del Gobierno nacional y las secretarías departamentales.
«Llamamos a todas las autoridades competentes a seguir fortaleciendo la coordinación nación-territorio e interinstitucional, así como la coordinación interjurisdiccional y el diálogo intercultural»
Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia
«Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, el Pueblo Nasa y sus estructuras de gobierno y organizativas y reiteramos nuestra disposición en seguir acompañando a este Pueblo Indígena y a las autoridades competentes en pro del respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos»
Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia
La ONU Derechos Humanos insistió en que los autores materiales e intelectuales del triple homicidio deben ser identificados, juzgados y sancionados, y que el caso debe avanzar con justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias. El ataque, que enluta al pueblo Nasa y a todo el movimiento indígena del país, se suma a una larga lista de asesinatos de líderes comunitarios en Colombia, donde la falta de protección efectiva sigue siendo una deuda del Estado con las comunidades más vulnerables.
