El nuevo Gobierno colombiano recibirá el sistema de salud con una deuda crítica: las cuentas por pagar de las EPS ascienden a 41,5 billones de pesos, de las cuales el 92,6 por ciento corresponde a obligaciones vencidas, es decir, 38,4 billones de pesos que ya están en mora. Así lo revela el informe de empalme elaborado para la transición presidencial del periodo 2025-2026, un documento que enciende todas las alarmas fiscales y financieras sobre el sector, pues las aseguradoras acumulan un patrimonio neto consolidado negativo de 18,2 billones de pesos y una siniestralidad que supera el 105 por ciento, lo que significa que los costos de operación exceden con creces los ingresos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación.
El panorama es especialmente grave si se observa la evolución reciente de los indicadores. Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, los pasivos del sistema crecieron un 43 por ciento mientras que los activos apenas aumentaron un 21 por ciento, lo que evidencia un deterioro acelerado que llevó el resultado operacional de unas pérdidas de 600.000 millones de pesos a cerca de 2 billones de pesos. Además, 23,1 millones de afiliados, que representan el 46 por ciento del sistema, se encuentran en EPS sometidas a medidas administrativas de intervención, y son precisamente estas entidades las que presentan el cuadro más crítico: su patrimonio es de menos 12,8 billones de pesos y su siniestralidad alcanza el 117,8 por ciento, muy por encima del promedio nacional.
Red hospitalaria en riesgo y deudas concentradas
Aunque las EPS intervenidas concentran la mayor parte del problema, las no intervenidas tampoco escapan a la crisis, pues en conjunto registran un patrimonio negativo de 5,33 billones de pesos, y el 74 por ciento del déficit patrimonial del sistema está concentrado en apenas cinco entidades. Esta situación tiene un efecto dominó sobre la red prestadora de servicios de salud: el riesgo fiscal de la red pública hospitalaria asciende a 3,55 billones de pesos y actualmente hay 260 Empresas Sociales del Estado (ESE) que han tenido que acogerse a Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero para intentar sobrevivir. Ante este escenario, el informe de empalme recomienda revisar con prioridad la situación de estas instituciones y crear mecanismos que eviten los embargos judiciales, que han sido una constante amenaza para la operación de los hospitales públicos.
Frente a esta encrucijada, el documento sugiere varias líneas de acción urgentes. Por un lado, propone un proceso nacional de conciliación de cartera entre EPS e IPS para destrabar los flujos de recursos, así como la implementación de planes de contingencia para garantizar los servicios críticos de salud y el fortalecimiento de la gestión de las EPS intervenidas. Asimismo, se advierte sobre los riesgos de una implementación inmediata de cambios en la contratación del talento humano en salud sin que existan recursos asegurados ni medidas graduales, pues esto podría afectar de manera directa la continuidad de los servicios a los pacientes. En materia de cobertura, el informe prioriza los territorios con mayor brecha entre población y cobertura efectiva, y señala a Soacha como el municipio con la mayor diferencia, con aproximadamente 294.000 personas sin asegurar.
El nuevo Gobierno deberá asumir, además, un régimen de transición que el propio documento solicita sea de entre 12 y 18 meses para poder implementar los ajustes sin generar un colapso del sistema. La radiografía que recibe la administración entrante es la de un sector que opera con costos superiores a sus ingresos, con una cartera morosa que asfixia a clínicas y hospitales, y con un déficit patrimonial que compromete su sostenibilidad. El reto no es menor: se trata de recuperar la confianza en un sistema que hoy atiende a más de la mitad de la población colombiana desde entidades bajo vigilancia especial, y de evitar que la crisis financiera termine traduciéndose en una crisis de acceso y calidad para los usuarios.
