El Ministerio del Trabajo abrió una investigación formal contra Postobón, cuya razón social es Gaseosas LUX SAS, por el presunto despido ilegal de cien trabajadores que gozaban de fuero de salud. Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2026, cuando los empleados fueron citados bajo engaños a cuatro auditorios y hoteles de Bogotá —entre ellos el Dann Carlton, el Cosmos y el Hilton— y presionados para firmar acuerdos de terminación voluntaria. La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz Caña, aseguró que esta práctica constituye un atropello directo a la dignidad humana y advirtió que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley.
Según el auto administrativo del 17 de julio de 2026, la empresa habría coaccionado a los empleados con dolencias físicas o mentales —lesiones de columna, piernas, rodillas, ansiedad y depresión— para que renunciaran a sus derechos. La mayoría eran vendedores en calle con años de antigüedad, cuyas labores de recorrer kilómetros y cargar elementos pesados derivaron en sus condiciones médicas. La abogada Paola Yepes, de la firma Jesús Yepes & Abogados Consultores, que representa a casi la mitad de los desvinculados, señaló que se afectó la libertad de decidir y la libertad de locomoción de los trabajadores, pues «no podían irse, no podían salir».
Los hechos en los hoteles
Los empleados fueron citados a los hoteles sin saber el motivo real. Una vez allí, fueron encerrados en oficinas con puertas aseguradas y presionados por abogados de la compañía para firmar los acuerdos bajo amenazas y humillaciones. Selena Zafra, de 45 años y con 11 años en la empresa, relató que sufrió un trauma craneoencefálico en 2017, hernia, ansiedad, depresión y psoriasis. Durante la reunión, intentó quitarse la vida en el baño del hotel y fue detenida por una mujer que se encontraba en el lugar. La empresa le ofreció 50 millones de pesos, pero Zafra grabó 45 minutos de audio con el abogado de Postobón, en los que se escuchan frases como: «Desafortunadamente esto implica que algunas personas van a ser retiradas de la compañía, y van a ser retiradas porque sí o porque no. Y aquí hay dos formas: a las buenas y a las malas».
Otro caso documentado es el de Luisa Fernanda Gallo, quien tras la reunión fue hospitalizada con 40 grados centígrados de fiebre y un ataque de ansiedad. Diana Romero, por su parte, no pudo salir de la sala porque la puerta estaba asegurada. La viceministra Muñoz señaló que citar a trabajadores a un hotel ya constituye una forma de presión, y que los empleados debieron tener tiempo para revisar información y buscar asesoría externa. «Encerrar y coaccionar a un trabajador no es negociar, es un atropello directo a la dignidad humana», afirmó.
«Representantes legales de esta compañía presionaron presuntamente a sus propios trabajadores para obligarlos a renunciar a sus derechos»
Sandra Milena Muñoz Caña, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección
Las amenazas en los audios
En el audio grabado por Selena Zafra, el abogado de Postobón reconoció que el proceso apuntaba a personas con problemas de salud: «Yo sé que tú tienes unas patologías, tengo una hoja que dice qué tienes». Además, lanzó advertencias directas: «Si tú demandas a una empresa, nadie te contrata, eso sí lo tengo clarísimo» y «Cuando te quedes sin el pan y sin el queso, eso es un mierdero». También minimizó las posibles sanciones: «A ti qué culos te importa si a Postobón le meten una multa por esto».
La viceministra Muñoz explicó que los acuerdos de terminación voluntaria obtenidos bajo amenazas son ilegales, y que la ley exige autorización previa del Ministerio del Trabajo para desvincular a personas con fuero de salud, incluso cuando existe justa causa. «A nosotros sí nos importa que se respete a la clase trabajadora y llegaremos hasta las últimas consecuencias en nuestras investigaciones. El trabajo no nos puede costar la vida ni la salud», sentenció.
Medida preventiva y reacción de Postobón
El Ministerio impuso una medida preventiva que ordena a la empresa comunicar la decisión a todo su personal mediante carteleras y canales electrónicos. La viceministra advirtió que esta práctica de acuerdos «voluntarios» bajo coacción ocurre con regularidad en el país y que las empresas no pueden usarla para eludir estabilidades laborales reforzadas. Por su parte, Postobón respondió que sus procesos de gestión de personal se desarrollan dentro de la legislación laboral colombiana vigente y que atenderá los requerimientos de las autoridades. La investigación continúa y se espera que en las próximas semanas se conozcan las sanciones correspondientes.
