El líder estudiantil Kevin Arriguí, quien fue agredido con arma blanca el pasado 29 de julio de 2026 en la Universidad Nacional sede Bogotá, denunció a través de su cuenta en X que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró su esquema de seguridad apenas unos días después del ataque, dejándolo con un escolta disponible solo algunas horas al día. En su publicación del 3 de agosto, Arriguí señaló que la UNP resolvió finalizar su protección al considerar que su riesgo es “ordinario”, lo que a su juicio lo deja en absoluta desprotección tanto a él como a su familia. El estudiante, que vincula la agresión a su oposición a una eventual constituyente dentro de la universidad, pidió garantías urgentes al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al Gobierno Nacional entrante, encabezado por Abelardo De La Espriella.
El ataque, en el que tres estudiantes resultaron apuñalados, ocurrió en pleno campus y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña Reyes, confirmó que la Fiscalía General de la Nación ya investiga la cadena de agresiones y que la universidad tipificó los hechos como lesiones personales, entregando los elementos materiales probatorios a las autoridades. Peña hizo un llamado a estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y contratistas a reportar cualquier amenaza o agresión, y expresó su confianza en que la Fiscalía actuará con “diligencia, celeridad y rigor”.
Contexto de amenazas y retaliación
El rector enfatizó que estos hechos no pueden entenderse como incidentes aislados ni como simples actos de vandalismo, sino que se suman a una serie de agresiones, amenazas e intimidaciones observadas en distintos espacios de la vida universitaria durante los últimos meses. La universidad activó la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento, contemplada en el Acuerdo 021 de 2018, a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia. En su denuncia, Arriguí cuestionó que el Gobierno brinde mayores garantías a los “gestores de paz” de las disidencias que a las víctimas de violencia, sugiriendo una posible retaliación por parte del director de la UNP.
“La Unidad Nacional de Protección resolvió finalizar mi esquema de protección al considerar que tengo un riesgo ordinario. Solo cuento con un escolta algunas horas al día y han resuelto dejarnos en absoluta desprotección. Pido al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al Gobierno Nacional entrante garantías urgentes de seguridad para mi familia y para mí”.
Kevin Arriguí, estudiante agredido
“Estos hechos no pueden entenderse como incidentes aislados ni como simples actos de vandalismo. Se suman a una serie de agresiones, amenazas e intimidaciones que hemos observado en distintos espacios de la vida universitaria durante los últimos meses. Hemos activado la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 021 de 2018. Les pido que no cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo”.
José Ismael Peña Reyes, rector de la Universidad Nacional
Mientras la comunidad universitaria espera los resultados de la investigación, el rector Peña reiteró su llamado a la solidaridad y a la denuncia de cualquier hecho que atente contra la convivencia en el campus. La agresión contra Arriguí y los otros dos estudiantes se ha convertido en un símbolo de la creciente polarización en la Universidad Nacional, y deja en evidencia las fisuras en el sistema de protección para líderes estudiantiles que denuncian amenazas derivadas de su activismo político.
