Una de las cuatro mujeres que denunciaron por acoso sexual al periodista Jorge Alfredo Vargas rompió su silencio para afirmar que no se retracta de sus acusaciones, pero advirtió que está siendo revictimizada por el sistema judicial. A través de la organización El Veinte y su abogada Ana Bejarano Ricaurte, la denunciante, quien pidió mantener su identidad en reserva, señaló que fue convocada sin su consentimiento a la audiencia de imputación de cargos contra el presentador y que su solicitud de anonimato fue negada por la jueza que presidió la diligencia. La mujer aclaró que no presentó una denuncia penal contra Vargas; su caso llegó a la Fiscalía tras una inspección del Ministerio del Trabajo a Caracol Televisión, donde ocurrieron los hechos, y que ahora la administración de justicia la expone al debate público sin su autorización.
El caso judicial contra Jorge Alfredo Vargas, reconocido periodista y presentador, se originó a partir de las denuncias de cuatro mujeres que trabajaron con él en Caracol Televisión. Tres de ellas emitieron un comunicado conjunto en el que explicaron que no pidieron ser vinculadas como víctimas en el proceso penal, argumentando que “no se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”. La cuarta denunciante, la que ahora se pronuncia, reiteró que sus acusaciones fueron presentadas internamente en el canal y que nunca buscó iniciar una acción penal, sino que fue la Fiscalía quien la citó después de que el Ministerio del Trabajo solicitara los documentos con las denuncias internas durante una inspección al medio de comunicación.
“No me retracto de nada”
En su declaración difundida por El Veinte, la denunciante afirmó: “No me retracto de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal”. Sin embargo, denunció que el sistema judicial la está revictimizando al forzarla a participar en un proceso que no inició y al negarle la protección de su identidad. “La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia. Mi negación a que se revele mi nombre es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”, agregó en el comunicado. La jueza a cargo de la audiencia no aceptó la solicitud de anonimato y, ante la negativa de la abogada de revelar el nombre de su representada, le pidió retirarse de la sala.
La controversia alrededor de la audiencia de imputación de cargos ha puesto en evidencia las tensiones entre la búsqueda de justicia y la protección de las víctimas de violencia de género. Mientras la denunciante insiste en que se haga justicia, señala que el sistema la expone al escrutinio público sin su consentimiento, lo que agrava el daño sufrido. La organización El Veinte y la abogada Ana Bejarano Ricaurte continúan representando a la mujer en este proceso, cuyo desarrollo aún está abierto a nuevos detalles y pronunciamientos.
