El Ministerio de Justicia radicó por tercera vez en el Congreso de la República el proyecto de Ley Arles, una iniciativa que busca sancionar como falta disciplinaria gravísima a los funcionarios públicos que retrasen, omitan o se nieguen a verificar información sobre personas desaparecidas. La ministra de Justicia, Cielo Rusinque, hizo un llamado a los congresistas para debatir y aprobar la medida, señalando que el país tiene una obligación pendiente con la familia de Arles Edisson Guzmán Medina y con los miles de hogares que continúan buscando a sus seres queridos.
El proyecto lleva el nombre de Arles Edisson Guzmán Medina, un joven desaparecido forzosamente en 2002 en la comuna 13 de Medellín. Su familia entregó a las autoridades un croquis con coordenadas que señalaban que su cuerpo podría estar en La Escombrera, un sitio que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que coincide con el hallazgo de al menos siete cuerpos. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por no adoptar medidas efectivas e inmediatas para establecer su paradero, y ordenó implementar mecanismos que eviten que otras familias enfrenten una situación similar.
Una reforma para garantizar respuestas rápidas
La iniciativa modifica el Código General Disciplinario para elevar las demoras, negativas u omisiones en la verificación de reportes de desaparición de la categoría de simple incumplimiento a la de falta gravísima. Esta reforma legislativa busca garantizar una respuesta rápida del Estado ante las denuncias, proteger los derechos de las víctimas y sus familias, y fortalecer el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y no repetición. Es la tercera vez que el Gobierno radica el proyecto durante el actual cuatrienio, luego de que las dos versiones anteriores fueran archivadas sin lograr su aprobación.
Según cifras oficiales, en Colombia hay más de 137.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, y alrededor de 52.600 personas buscadoras esperan respuestas sobre el paradero de sus familiares. La Ley Arles se presenta como un instrumento para que las actuaciones de los servidores públicos frente a estos casos dejen de ser una opción y se conviertan en una obligación disciplinaria de máxima gravedad, con el objetivo de garantizar que ninguna familia tenga que esperar décadas para conocer la verdad.
