El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que asumirá en agosto de 2026, mantendrá vigentes las reglas establecidas por la Reforma Laboral de 2025, conocida como Ley 2466 de 2025, en lo que respecta al pago de horas extra y dominicales, pero aún no define la reglamentación de varios puntos clave de la ley. Así lo informaron fuentes del equipo de gobierno, quienes señalaron que, si bien se respetará la normativa actual, cualquier modificación de fondo requerirá un nuevo proyecto de ley aprobado por el Congreso. La decisión se enmarca en un contexto de restricciones políticas y jurídicas que dificultan cambios sustanciales a la reforma sancionada por el presidente Gustavo Petro y que recuperó derechos en trabajo nocturno y días de descanso.
La Ley 2466 de 2025, que entró en vigencia en julio de 2025, ha beneficiado a aproximadamente 2.400.000 trabajadores colombianos, según cifras oficiales. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la informalidad laboral, que en junio de 2026 alcanzó un 54,7%, y la evasión de normas laborales, que resulta más barata para las empresas que cumplirlas. Además, hay puntos de la reforma que aún no han sido reglamentados, como la cotización por horas para trabajadores a tiempo parcial, el Estatuto del Trabajo ordenado por el artículo 53 de la Constitución y la adaptación a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la transición energética.
Desafíos pendientes en la reglamentación
Diana del Pilar Colorado, profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, señaló que «en Colombia estos componentes todavía son un desafío pendiente». La académica explicó que la reforma laboral incluye reglas sobre contratación, pagos salariales, prestaciones, seguridad social y protección a colectivos discriminados, pero su implementación completa depende de una reglamentación que el Ministerio de Trabajo no ha desarrollado en su totalidad, limitándose a emitir circulares y resoluciones de menor jerarquía. Colorado agregó que «es urgente superar la división entre los trabajadores relativamente protegidos —quienes cuentan con un contrato de trabajo o son servidores públicos— y los que no lo están».
La profesora también destacó que «la gestión humanista de los avances disruptivos de las nuevas tecnologías —particularmente de la inteligencia artificial (IA)—, y una transición energética justa que fortalezca la dignidad del trabajo y el medioambiente sano, también son desafíos pendientes». En ese sentido, el gobierno entrante busca reducir la carga impositiva de las empresas para estimular el empleo formal, mientras que el Congreso deberá definir el Estatuto del Trabajo, una norma que la Constitución exige desde 1991 pero que nunca ha sido desarrollada.
«Es urgente superar la división entre los trabajadores relativamente protegidos —quienes cuentan con un contrato de trabajo o son servidores públicos— y los que no lo están»
Diana del Pilar Colorado, profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia
En el contexto actual, el artículo 25 de la Constitución establece la protección especial del Estado al trabajo, mientras que la agenda laboral de la OIT sobre «trabajo decente» incluye calidad y cantidad del empleo, protección social, seguridad en el ingreso, derechos fundamentales, diálogo social y negociación. Según datos del Dane, en junio de 2026 había 1.482.000 personas en el servicio doméstico, un sector que requiere particular atención en la reglamentación. El nuevo gobierno parte de la base de que la informalidad es un problema estructural y busca equilibrar la protección de los trabajadores con la necesidad de estimular la creación de empleo formal, en un escenario donde la inteligencia artificial y la transición energética demandan una regulación laboral actualizada.
