Minutos después de recibir la banda presidencial de manos de Honorio Henríquez, presidente del Senado, en la Arena USC de Cali, Abelardo de la Espriella se trasladó al Batallón Pichincha para pronunciar su primer discurso como mandatario del periodo 2026-2030. Ante las Fuerzas Militares, el nuevo presidente anunció que su Gobierno aplicará la cadena perpetua contra abusadores de mujeres y niños, como parte de su plan de seguridad. «Proteger a las mujeres y a los niños constituye uno de los deberes más elevados del Estado. La manera como una sociedad los acompaña revela su verdadero compromiso con la dignidad humana», afirmó De la Espriella, quien añadió que «mi Gobierno no tolerará cualquier violencia contra mujeres y niños. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos. Aquel que atenta contra una mujer y un niño merece ser castigado con cadena perpetua».
El anuncio presidencial revive un proyecto de ley que ya cursa en el Congreso, radicado por la representante Nelly Patricia Mosquera, del Centro Democrático. La iniciativa surgió tras el feminicidio de María Camila Potosí y su bebé de ocho meses de gestación, y busca establecer la prisión perpetua revisable para violadores y asesinos de menores. «La protección de los niños, niñas y adolescentes como fin esencial del Estado debe reflejarse en sanciones severas en contra de quienes atenten contra su vida e integridad sexual», señaló Mosquera, quien precisó que «la cadena perpetua no debe solo ser entendida como un mecanismo de sanción, debe entenderse desde un enfoque de política de protección que evite que quien sea hallado responsable de estas conductas no tenga nunca más la libertad de atentar en contra de un niño».
Advertencia de expertos
Sin embargo, el camino legal no es sencillo. Erick Rincón, decano de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, recordó que «la prisión perpetua es un debate abierto, pero cuesta arriba, y el precedente es muy reciente: en 2020 el Congreso aprobó justamente esa reforma para violadores y asesinos de niños, y en 2021 la Corte Constitucional la tumbó en la sentencia C-294, al considerar que unas penas sin horizonte de resocialización sustituyen un pilar de la Carta, la dignidad humana. Si el nuevo gobierno presenta una reforma parecida, el desenlace probablemente sería el mismo». La ceremonia militar en el Batallón Pichincha, que generó debate previo por realizarse en una guarnición castrense, sirvió de escenario para que De la Espriella dejara clara su postura: la lucha contra la violencia de género y el maltrato infantil será una prioridad de su administración, aunque el reto constitucional aún está por resolverse.
