En una de las primeras decisiones de su mandato, el presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ordenó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil desde la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí (Antioquia), hacia distintos centros penitenciarios de alta seguridad del país. La medida, ejecutada por una caravana del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad e impedir que organizaciones criminales continúen operando desde prisión. Los reclusos fueron distribuidos en al menos ocho establecimientos de máxima seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Según informó la Oficina de Prensa de la Presidencia, el operativo responde a la necesidad de “recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales”. El comunicado oficial advierte que “quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”. Entre los trasladados figuran varios cabecillas de la estructura criminal conocida como La Oficina, que opera en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, identificó a tres de los reclusos movilizados: alias Carlos Pesebre, condenado por extorsión y concierto para delinquir; alias Douglas, sentenciado a 32 años de prisión; y alias El Indio, condenado por concierto para delinquir.
Reacciones y contexto político
La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella marca un giro frente a la política de “paz total” implementada por la administración anterior de Gustavo Petro. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, celebró el traslado y afirmó que “se les acabó la alcahuetería y la parranda que tenían montados los criminales en las diferentes cárceles del país”. En sus declaraciones, De Bedout denunció que durante años la cárcel de Itagüí “dejó de ser una cárcel, se volvió una oficina, se volvió una tarima, se volvió un hotel, se volvió el centro de operación política y criminal de todo el país”. El dirigente añadió que “una cosa es buscar la paz, otra muy distinta es negociar con los jefes del crimen. Las cárceles son para pagar condenas”.
“Hoy sacaron de la cárcel de Itagüí a varios de los cabecillas más peligrosos del valle de Aburrá”.
Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín
Un video difundido en redes sociales muestra la caravana del Inpec utilizada para el traslado de los cabecillas de La Oficina desde la cárcel La Paz. La orden presidencial se da como respuesta a los reiterados cuestionamientos sobre los privilegios que, según denuncias, gozaban estos internos durante el gobierno anterior, cuando se les permitía operar con libertad desde sus celdas. Con esta acción, el nuevo Ejecutivo envía una señal contundente de que la política criminal será radicalmente distinta, priorizando el control estatal sobre los centros penitenciarios y el cumplimiento efectivo de las condenas.
