El FBI decidió no abrir una investigación federal por violación de derechos civiles en la muerte del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, quien fue abatido a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026. La decisión, que ha generado sorpresa y fuertes cuestionamientos, deja el caso en manos del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin la participación de la agencia federal con mayor experiencia en este tipo de incidentes. El agente David Brouillette, quien disparó contra Durán mientras este se encontraba dentro de su vehículo, alegó que el automóvil intentó huir y que actuó por razones de seguridad pública, aunque no portaba cámara corporal que permita reconstruir los hechos.
La noticia ha provocado una ola de indignación, especialmente al conocerse el historial del agente Brouillette, un veterano del ejército con graves problemas de salud mental documentados desde la infancia, que incluyen intentos de suicidio y trastorno de estrés postraumático (TEPT). Su exesposa, Ashley Brouillette, aportó una grabación de audio de finales de 2025 en la que se escucha al agente decir frases como: “Y a todos ustedes deberían cortarles la garganta. Sí, deberían. ¿Acaso los estoy amenazando con hacerlo? No. No. Pero, ¿creo que deberían cortarles la garganta? ¿O que ya deberían habérsela cortado? Sí”. Estas declaraciones han reavivado las dudas sobre el proceso de reclutamiento de ICE, que durante la administración Trump se aceleró con financiamiento adicional del Congreso, generando críticas sobre la rigurosidad de los controles psicológicos.
Expertos y senadora cuestionan la decisión del FBI
Sam Trepel, exfiscal federal de derechos civiles, señaló a CBS que “el FBI es la agencia federal con mayor experiencia y conocimientos en la investigación de posibles violaciones de los derechos civiles, incluyendo tiroteos mortales perpetrados por agentes federales”. La ausencia de una pesquisa federal por parte del Buró ha sorprendido a los expertos, que advierten que la falta de escrutinio podría sentar un precedente peligroso en casos de fuerza letal por parte de agentes federales. La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones Presupuestarias, instó a que “es necesario que se lleve a cabo una investigación imparcial sobre el tiroteo en Biddeford, ya que los detalles que rodean esta tragedia son importantes”. Collins lamentó que el agente no portara cámara corporal, lo que limita la reconstrucción de los hechos.
“El FBI es la agencia federal con mayor experiencia y conocimientos en la investigación de posibles violaciones de los derechos civiles, incluyendo tiroteos mortales perpetrados por agentes federales”
Sam Trepel, exfiscal federal de derechos civiles
Por su parte, un vocero del Departamento de Justicia aseguró a AP que “Estados Unidos se toma muy en serio cualquier denuncia de violación de los derechos civiles y colaboraremos con las fuerzas del orden y las Oficinas del Inspector General para revisar de manera adecuada y exhaustiva las denuncias creíbles de violaciones de la ley de derechos civiles”. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles consideran insuficiente esta respuesta, sobre todo cuando el caso se suma a una creciente lista de muertes a manos de agentes de ICE que mantiene alarmadas a las comunidades migrantes en todo el país.
Familia de Durán planea demandar al gobierno de EE. UU.
Joan Sebastián Durán Guerrero emigró a Estados Unidos hace tres años junto a su esposa y su hija recién nacida, y trabajaba como repartidor. Su familia ha recaudado más de 670.000 dólares para gastos legales y repatriación, y ha anunciado que presentará una demanda contra el gobierno estadounidense. El abogado Ben Gideon, quien representa a la familia, ha sido enfático en la necesidad de que se esclarezca lo ocurrido y se haga justicia. El caso ha provocado movilizaciones de la comunidad colombiana y latina en Maine, que exigen una investigación independiente.
El reclutamiento acelerado de ICE durante la administración Trump, con fondos adicionales aprobados por el Congreso, ha quedado bajo la lupa. El agente Brouillette es solo un ejemplo de los posibles fallos en el escrutinio de antecedentes psicológicos, según denuncian organizaciones de derechos civiles. La ausencia de una investigación por parte del FBI, sumada al oscuro historial del agente, ha generado un clima de desconfianza hacia las autoridades federales, mientras la familia Durán espera respuestas y la comunidad migrante clama por justicia y transparencia en los procedimientos.
