La posesión del presidente Abelardo de la Espriella, celebrada el 7 de agosto de 2026 en el Auditorio Arena USC de Cali, Valle del Cauca, desató un intenso debate sobre la laicidad del Estado colombiano tras la participación de representantes de tres confesiones religiosas en la ceremonia oficial. El rabino David Michaan, el pastor evangélico Eduardo Cañas Estrada y monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, oficiaron durante el acto, lo que provocó el retiro de la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, en señal de protesta.
La senadora Pedraza justificó su salida argumentando que la inclusión de líderes religiosos en la transmisión de mando representaba una vulneración directa al carácter laico de la nación. A través de su cuenta en la red social X, manifestó que no podía ser partícipe de un evento que, en su criterio, atenta contra la neutralidad que debe observar el Estado en materia de creencias. «No haré parte de una ceremonia que abiertamente amenaza la naturaleza laica del Estado colombiano», expresó la congresista, quien agregó que el nuevo gobierno iniciaba su mandato incumpliendo la promesa de respetar la Constitución.
El debate entre constitucionalistas
Frente a la controversia, los abogados constitucionalistas Juan Manuel Charry y Álvaro Grajales ofrecieron perspectivas que matizan la denuncia de la senadora. Charry, en diálogo con La FM, afirmó que la participación de figuras religiosas en un acto estatal no constituye, por sí misma, una violación de la Carta Magna. «En mi opinión sí se puede hacer», señaló el jurista, quien explicó que el Estado laico implica una neutralidad institucional frente a las religiones, pero también garantiza la libertad de culto para los ciudadanos y funcionarios públicos. «Lo que no puede hacer es tomar decisiones que impongan una creencia religiosa a las personas», aclaró Charry, subrayando la importancia de distinguir entre la presencia simbólica y la imposición dogmática.
Por su parte, Álvaro Grajales, también abogado constitucionalista de la Universidad Javeriana, coincidió en que el acto no vulnera el ordenamiento jurídico colombiano. En su intervención a través de la misma red social, Grajales recordó que el artículo 192 de la Constitución establece que el presidente debe jurar «ante Dios» o hacer promesa solemne, lo que demuestra que la referencia a lo divino está incorporada en el propio texto fundamental. «Laicidad no es laicismo. El Estado no impone credos, tampoco los expulsa. Que hablaran un rabino, un sacerdote y un pastor es pluralismo», sentenció el jurista, argumentando que la diversidad religiosa en la ceremonia refleja, precisamente, la libertad de culto que garantiza la Constitución de 1991 en su artículo 19.
«El Estado laico lo que implica es una neutralidad estatal frente a las religiones, pero también garantiza una libertad de religión para todas las personas, ciudadanos y funcionarios»
Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista
El episodio ha reavivado el debate sobre los límites de la laicidad en Colombia, un país tradicionalmente católico pero que ha avanzado hacia el reconocimiento del pluralismo religioso. Mientras sectores políticos como el de la senadora Pedraza consideran que cualquier participación de líderes religiosos en actos oficiales atenta contra la neutralidad del Estado, los constitucionalistas consultados defienden que la presencia de distintas confesiones es una expresión del pluralismo y no una violación de la Carta Magna. La discusión, lejos de cerrarse, promete continuar en los próximos días en el escenario político y jurídico nacional.
