En un pronunciamiento que marca distancia con el giro radical en la política antidrogas del nuevo gobierno, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, propuso la implementación de un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí y el norte del Cauca. La iniciativa, planteada tras la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, busca articular una estrategia integral con cofinanciación departamental y el respaldo del Gobierno nacional, en un intento por mitigar el impacto social que podría generar el retorno de la aspersión aérea con herbicidas y la erradicación forzada en la región suroccidental del país.
La mandataria regional advirtió que la estrategia de seguridad no puede limitarse a la destrucción de los cultivos, sino que debe contemplar el futuro de las familias campesinas que dependen de esas economías ilegales por falta de alternativas productivas. En ese sentido, el plan piloto contempla un acompañamiento técnico, económico y social para facilitar la transición hacia la agricultura lícita, la agroindustria y otros sectores productivos. La propuesta de Toro, que ya había sido planteada en gobiernos anteriores sin materializarse, cobra ahora una vigencia renovada ante el endurecimiento del enfoque presidencial en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Una estrategia integral para el suroccidente colombiano
La gobernadora enfatizó en que la problemática de la violencia y el narcotráfico trasciende las fronteras departamentales, por lo que insistió en la necesidad de construir una estrategia de seguridad integral para todo el suroccidente colombiano. Dilian Francisca Toro señaló que la erradicación por sí sola no resuelve el problema de fondo y que se requiere un enfoque que combine la intervención estatal con oportunidades reales de desarrollo para las comunidades. La funcionaria también recordó, en otro contexto, que al departamento se le adeudan cerca de 6 billones de pesos por parte de las EPS, una cifra que evidencia la crítica situación fiscal que enfrenta la región para financiar programas sociales de gran envergadura.
La propuesta de la gobernadora llega en un momento de profundas divisiones en la opinión pública. Mientras los sectores oficialistas defienden la aspersión aérea como una herramienta eficaz para reducir los cultivos ilícitos, organizaciones campesinas y ambientalistas alertan sobre los riesgos para la salud humana y los ecosistemas. Expertos consultados coinciden en que el éxito del plan piloto dependerá de condiciones fundamentales como el acceso a mercados estables, la asistencia técnica permanente, la disponibilidad de créditos blandos y, sobre todo, garantías de seguridad frente a la presión de los grupos armados que operan en la zona.
«No podemos solamente erradicar y dejarlos sin la posibilidad de tener una actividad productiva. Tenemos que apoyarlos para que puedan tener oportunidades lícitas»
Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle del Cauca
La mandataria también subrayó que el trabajo coordinado entre departamentos es esencial para enfrentar un fenómeno que no entiende de límites administrativos. «La problemática de seguridad no es solamente de un departamento. Por eso, es tan importante que podamos hacer una estrategia de seguridad integral del suroccidente colombiano», afirmó Toro, en un llamado directo al nuevo gobierno para que considere las particularidades sociales y económicas de las regiones más afectadas por el conflicto y la economía ilegal antes de aplicar medidas de choque.
En medio de este escenario, la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca se perfila como una alternativa intermedia que busca equilibrar la presión estatal contra los cultivos ilícitos con la necesidad urgente de ofrecer a las comunidades campesinas de Jamundí y el norte del Cauca un horizonte de vida digno y legal. El desafío ahora será traducir esta intención en recursos concretos y voluntad política del Gobierno nacional, en un contexto donde las deudas históricas del Estado con estas poblaciones han sido la constante y donde la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier intervención efectiva.
