En un nuevo episodio de la violencia que azota el Bajo Cauca antioqueño, Kevin Orley Gómez Muñoz, conocido con los alias de Barbas o Davinson, de 30 años, fue asesinado por un francotirador del Clan del Golfo en la vereda Doradas Altas, zona limítrofe entre los municipios de Valdivia y Tarazá. El hombre, quien era el segundo al mando del frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo el liderazgo de alias Firma y la dirección de alias Calarcá, había sido cabecilla de comisión desde 2023 y registraba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. Su muerte, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una disputa territorial por el control de corredores de drogas y armas que enfrenta al Clan del Golfo contra los frentes 5 y 36 de las disidencias en la región.
El sepelio de alias Barbas se convirtió en un macabro espectáculo público cuando, durante el cortejo fúnebre realizado el pasado 6 de agosto en el área rural de Anorí, los asistentes trasladaron el féretro en una camioneta que fue cubierta con una bandera de Colombia que portaba la inscripción «Frente 36», junto con una bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Videos del evento, grabados por los propios presentes y recopilados por Caracol Radio, circularon ampliamente en redes sociales, evidenciando la alianza activa que existe entre las disidencias del frente 36 y el ELN en la zona. La escena, que incluyó música y licor, reflejó no solo la celebración de su vida criminal por parte de sus allegados, sino también la consolidación de estructuras armadas que operan con impunidad en el territorio.
Antecedentes de violencia y desplazamiento forzado
El prontuario de alias Barbas lo vinculaba directamente con graves hechos de violencia en la región. Según fuentes de inteligencia militar, se le atribuye la participación en la retención y asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño en mayo de 2026, un crimen que conmocionó al gremio periodístico y a la sociedad civil. Además, coordinó ataques con explosivos contra la Policía y el Ejército en los municipios de Briceño, Ituango y Anorí, demostrando un alto nivel de capacidad operativa y una peligrosa disposición para enfrentar a la fuerza pública. La disputa territorial entre el Clan del Golfo y las disidencias, alimentada por el control de rentas ilegales, ha escalado a tal punto que, a principios de agosto, se registraron combates en la vereda Cucaracho de Briceño, los cuales dejaron un saldo de al menos tres muertos: uno perteneciente al Clan del Golfo y dos vinculados a los frentes 5 y 36 de las disidencias.
Este enfrentamiento armado no solo cobró vidas, sino que también generó una nueva crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo reportó que, como consecuencia de los combates, 34 familias se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares, sumando un total de 54 personas que huyeron de la vereda El Roblal y otras 24 de la subregión de Travesías. El ente defensorial tiene previsto realizar un censo oficial el próximo lunes 3 de agosto de 2026 para evaluar la magnitud del desplazamiento y coordinar la atención humanitaria, mientras que la fuerza pública continúa investigando el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones, una táctica que ha incrementado la letalidad de los enfrentamientos. La situación en el Bajo Cauca antioqueño sigue siendo un foco de tensión latente, donde la muerte de alias Barbas marca un nuevo capítulo en una guerra sin cuartel por el dominio territorial.
