El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció este sábado 8 de agosto de 2026 que ordenará una revisión exhaustiva de todos los contratos firmados por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) antes del cambio de Gobierno, los cuales sumarían más de 250.000 millones de pesos. Durante su posesión en Cali, el funcionario advirtió que declarará insubsistente al director de la entidad, César Pachón, a quien acusa de haber habilitado el sábado 8 de agosto como día hábil para tramitar contratos mientras se adelantaba la ceremonia de transición presidencial.
La polémica se originó con la expedición de la Resolución 407 de la ADR, fechada el 6 de agosto, que declaró el sábado 8 de agosto como día hábil para realizar acciones presupuestales y contractuales, fundamentándose en la Constitución, la Ley 4 de 1913, el Decreto 2364 de 2015 y resoluciones previas como la 682 de 2017. En la práctica, esta norma permitió la tramitación de contratos por montos millonarios, entre ellos uno por 70.000 millones de pesos para una planta de sacrificio porcino gestionada por la Ungrd, otro por 190.000 millones de pesos y un tercero por 30.000 millones de pesos para el departamento de Casanare. Dangond calificó la maniobra como un intento de «despilfarrar el dinero público» y pidió a Pachón no realizar nuevas contrataciones «a menos que sean estrictamente necesarias».
La transición bajo la lupa
El anuncio del ministro se produce en medio de una tensa transición de gobierno, en la que la ADR, dirigida por César Pachón (designado por la administración anterior), habría acelerado procesos contractuales para comprometer recursos antes de la llegada del nuevo equipo. Dangond reveló que, mientras él se posesionaba en Cali, la entidad declaró el sábado como día hábil a través de un acto administrativo, lo que consideró una «trampa» contra los intereses del Estado. La Resolución 407 eximió de la habilitación del sábado a servicios de atención al ciudadano, control interno disciplinario y gestión de PQRSD, centrándose exclusivamente en acciones presupuestales y contractuales. Según el Ministerio, el objetivo declarado de la norma era evitar retrasos en los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar), pero el Gobierno entrante sospecha que se trató de un mecanismo para comprometer fondos de manera irregular.
«Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor César Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil»
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, a Noticias RCN
En paralelo a la revisión de contratos, la ADR expidió la Resolución 408, fechada el mismo 8 de agosto, mediante la cual retiró del cargo a Jhon Kennedy Wilchez Carreño, quien se desempeñaba como vicepresidente de Gestión Contractual desde el 23 de julio de 2026, cuando fue designado mediante la Resolución 358. El retiro se fundamentó en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, alegando libre nombramiento y remoción, sin que en la resolución se mencionaran vínculos con los contratos bajo sospecha. La Corte Constitucional respalda esta facultad discrecional para retirar funcionarios en cargos de libre designación, lo que sugiere que la salida de Wilchez podría ser el primer paso de una depuración más profunda en la entidad. Dangond, por su parte, fue contundente al referirse al futuro de Pachón: «Porque seguramente lo estoy declarando insubsistente», afirmó, mientras la revisión de los contratos por más de 250.000 millones de pesos se perfila como el primer gran escándalo administrativo del nuevo gobierno.
