El Ministerio de Ambiente solicitó al Congreso de la República el archivo del proyecto de Ley Despedida Ecológica, que busca regular la hidrólisis alcalina de cadáveres como servicio funerario, al considerar que la iniciativa presenta vacíos jurídicos, técnicos e institucionales. Mediante un concepto oficial remitido antes del segundo debate en la plenaria del Senado, la cartera dirigida por Abelardo de la Espriella objetó la redacción actual del proyecto, advirtiendo que varias de sus obligaciones ya están contempladas en la normativa ambiental vigente y que la propuesta no define con claridad las responsabilidades de las autoridades nacionales, territoriales, sanitarias y ambientales que intervendrían en la vigilancia de esta actividad.
La iniciativa, que pretende incorporar la hidrólisis alcalina como alternativa a la cremación y la inhumación tradicional, utiliza agua, sustancias alcalinas, altas temperaturas y presión para acelerar la descomposición de los cuerpos. Sin embargo, el Ministerio señaló que aspectos como el uso del agua, los vertimientos y el manejo de sustancias químicas ya cuentan con regulación, por lo que una nueva ley podría generar duplicidad de funciones y dificultades para establecer qué entidades deben ejercer el seguimiento. Este concepto representa un cambio de postura frente al Gobierno anterior, cuando la cartera se declaró no competente para pronunciarse y solo formuló recomendaciones ambientales sobre la materia.
Vacios en la distribución de competencias y recursos
El Ministerio también alertó que el proyecto asigna nuevas responsabilidades a las autoridades ambientales regionales sin precisar si cuentan con los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios para asumirlas. Uno de los puntos más criticados es la figura de «licencia individual para cada cadáver», que según la cartera no corresponde a una licencia ambiental y su alcance no está suficientemente definido dentro de la iniciativa. El concepto no cuestiona únicamente la técnica de la hidrólisis alcalina, sino la forma en que el proyecto distribuye responsabilidades y articula sus disposiciones con las normas existentes.
«El proyecto no define con suficiente claridad las responsabilidades de las autoridades nacionales, territoriales, sanitarias y ambientales que tendrían que intervenir en la vigilancia de esta actividad»
Ministerio de Ambiente, concepto remitido al Congreso
La cartera pidió no aprobar el proyecto en su redacción actual y planteó que las disposiciones requieren una revisión más profunda. La decisión final sobre el futuro de la iniciativa, que se encuentra pendiente de segundo debate en la plenaria del Senado, recae ahora en el Congreso, que deberá evaluar si acoge la recomendación del Ministerio o prosigue con el trámite legislativo.
