El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante su posesión del pasado 7 de agosto una reforma tributaria estructural que eliminaría el impuesto al patrimonio y simplificaría el sistema de impuestos en Colombia. La iniciativa, que será presentada en las primeras semanas de su mandato al Congreso de la República, busca combatir la evasión fiscal y mejorar las condiciones de inversión, producción y empleo. De la Espriella recibió una economía marcada por un aumento del gasto público y el endeudamiento, por lo que su gobierno apuesta por la austeridad fiscal y por aliviar la carga sobre quienes invierten y producen.
“No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, afirmó el mandatario, y agregó: “Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo”. La propuesta deberá surtir todo el trámite legislativo en el Congreso, que inició su nueva legislatura el pasado 20 de julio. En este contexto, las empresas se enfrentan a un escenario de incertidumbre que requiere preparación. Carlos Camargo, abogado líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, advirtió que “la recomendación no es entrar en pánico ni paralizar la operación de las empresas. Lo correcto es adoptar una postura de monitoreo activo, auditoría interna y preparación preventiva”.
Monitoreo activo y auditoría interna, claves para las empresas
Camargo explicó que, si bien el nuevo gobierno trae cambios, “esto no implica que el ordenamiento jurídico y sus disposiciones varíen automáticamente”. Recordó que “muchas iniciativas cambian sustancialmente durante su trámite en el Congreso”, por lo que las compañías deben seguir de cerca los proyectos de ley radicados, así como las decisiones de los ministros, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) y las superintendencias. Los sectores más expuestos son el manufacturero y aquellas empresas con vínculos con el sector público, que deben revisar sus contratos con el Estado debido a las reorganizaciones institucionales que suelen acompañar los cambios de gobierno.
“Las empresas con vínculos con el sector público deben revisar sus contratos con el Estado o con entidades públicas por las reorganizaciones institucionales y evaluaciones que suelen acompañar los cambios de gobierno”.
Carlos Camargo, líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados
Entre los puntos críticos que las empresas deben revisar se encuentran los contratos por prestación de servicios, contratos de obra o labor, esquemas de tercerización, la jornada laboral reducida (que ya se sitúa en 42 horas semanales en el sector privado tras finalizar la reducción gradual en julio), horas extras, recargos nocturnos y domingos, y la afiliación a seguridad social y parafiscales. Camargo sugirió una hoja de ruta basada en revisiones trimestrales para ajustar la estrategia empresarial según avance el gobierno. Además, recordó que aún están pendientes la reglamentación de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025) y la reforma pensional, que espera un fallo de la Corte Constitucional, por lo que el panorama normativo seguirá en movimiento durante los próximos meses.
