La Contraloría General de la República reveló este miércoles una auditoría integral, de más de 800 páginas, que detectó graves falencias en la gestión de los recursos destinados a la política de Paz Total durante el cuatrienio del expresidente Gustavo Petro. El informe, difundido inicialmente por Noticias RCN, establece que la iniciativa recibió asignaciones por más de 64 billones de pesos, pero presentó una baja ejecución presupuestal, dejando un saldo de 344 hallazgos fiscales y un posible detrimento patrimonial que asciende a 1,16 billones de pesos.
La auditoría, que analizó tanto la implementación del acuerdo de paz como la política de Paz Total, evidenció un desfase crítico entre los montos asignados y los realmente ejecutados. De cada 100 pesos destinados a la política, apenas 15 alcanzaron la fase de obligación del gasto. En los cuatro años de la administración Petro, los gastos de funcionamiento destinados a las negociaciones sumaron 668.454 millones de pesos, de los cuales solo se ejecutaron 443.000 millones, lo que representa una diferencia de más de 368.000 millones de pesos frente a los recursos previstos. Uno de los casos más críticos se registró en 2026, cuando de 306.000 millones de pesos asignados, apenas 46.000 millones lograron superar la fase de obligación, equivalente a un 15% de ejecución.
Hallazgos críticos en programas territoriales
El programa Caminos Comunitarios, una de las banderas de la intervención territorial, fue objeto de un señalamiento particular. La Contraloría revisó partidas por 48.000 millones de pesos, encontrando 71 hallazgos y un posible detrimento patrimonial de 1.513 millones de pesos. La ejecución de esta iniciativa, que buscaba la intervención de 100 kilómetros de vías, fue del 0%, es decir, no se intervino ni un solo kilómetro de los previstos. Este dato refleja una parálisis operativa que contrasta con la magnitud de los recursos comprometidos.
Un balance sin resultados concretos
La política de Paz Total, emblema del gobierno de Gustavo Petro, fue diseñada para financiar negociaciones con grupos armados y obras en territorios históricamente golpeados por el conflicto. Sin embargo, el informe concluye que durante cuatro años no se logró poner fin a ningún conflicto armado ni desmovilizar a ninguna organización ilegal. Procesos como los adelantados con la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez, no prosperaron. El hallazgo de 344 irregularidades en el balance conjunto entre el acuerdo de paz y la Paz Total refuerza el cuestionamiento sobre la efectividad de la estrategia.
El futuro de los recursos y el cambio de gobierno
El gran interrogante que surge tras la publicación del informe es qué pasará con los recursos ya suscritos y que se encuentran en etapa de ejecución, dado el reciente cambio de gobierno. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ya ha manifestado su intención de poner fin a los procesos de negociación con estructuras criminales. La Contraloría, por su parte, deberá determinar si los hallazgos fiscales y el posible detrimento patrimonial darán paso a procesos de responsabilidad fiscal, en un caso que promete marcar la agenda pública del nuevo mandato.
