El Congreso de la República confirmó que la elección del nuevo contralor general se mantiene para el miércoles 12 de agosto a las 9:00 de la mañana, en una sesión de Congreso pleno, pese al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país con epicentro en Chocó y a la solicitud de aplazamiento presentada por la bancada del Pacto Histórico. La decisión fue tomada por la mesa directiva del Senado y la Cámara de Representantes, quienes argumentaron que modificar la fecha podría generar un vicio de trámite que abra la puerta a demandas y deje al país en un limbo institucional al finalizar el periodo del actual contralor, Carlos Hernán Rodríguez.
El terremoto, que afectó varias ciudades del suroccidente colombiano, llevó al Pacto Histórico a pedir el aplazamiento de la sesión bajo el argumento de que el país debía concentrar todos sus esfuerzos en atender la emergencia. Sin embargo, fuentes consultadas por Semana indicaron que la mesa directiva del Senado mantiene firme la citación, priorizando la seguridad jurídica del proceso de elección sobre la coyuntura del desastre natural. El antecedente inmediato de la anulación de la elección del contralor saliente en mayo de 2023, por un vicio en el trámite tras una demanda de los congresistas Jennifer Pedraza y Cristian Avendaño, pesa en la determinación de no arriesgar una nueva impugnación.
Riesgo de vicio de trámite
La principal preocupación del Congreso es que cualquier modificación en el cronograma establecido para la elección, incluso por causas de fuerza mayor como el terremoto, pueda ser interpretada como una irregularidad procesal. De acuerdo con las fuentes, el cambio de fecha podría derivar en demandas que invaliden la designación del nuevo contralor, dejando al país sin la figura titular al finalizar el periodo de Carlos Hernán Rodríguez. Esta posibilidad ha sido el factor determinante para que la mesa directiva rechace la solicitud del Pacto Histórico y mantenga la sesión para el miércoles 12 de agosto.
La decisión ha generado críticas entre algunos sectores políticos que consideran que la atención a la emergencia del terremoto en Chocó debería ser la prioridad inmediata del Estado. No obstante, desde la organización del Congreso se insiste en que la elección es un acto administrativo que no puede detenerse sin poner en riesgo la continuidad institucional del ente de control fiscal. El proceso sigue en marcha según el cronograma previsto, mientras el país observa cómo se dirime la tensión entre la urgencia humanitaria y la necesidad de garantizar la legalidad de uno de los nombramientos más relevantes del poder público.
