La comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, Luz Amanda Pallares, conocida con el alias de Silvana Guerrero, respondió este miércoles al primer bombardeo militar ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en la región del Catatumbo, denunciando que la operación afectó a población civil y constituye una grave violación al derecho internacional humanitario. «No importa el gobierno, el plan es el mismo: bombardear comunidades», afirmó la vocera insurgente, en un pronunciamiento que califica la acción como parte de una doctrina militar contrainsurgente que busca «aterrorizar y arrasar territorios enteros».
El bombardeo, ejecutado por las Fuerzas Militares en el marco de la denominada Operación Beta, ocurrió en la madrugada del 11 de agosto en el corregimiento El Sinaí, área rural entre los municipios de Tibú y San Calixto, en el Norte de Santander. Según el reporte oficial, el ataque estaba dirigido contra estructuras del ELN y logró la destrucción de cinco campamentos y dos búnkeres, además de la incautación de armamento, explosivos y drones. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo denunció mediante un comunicado que tres campesinos resultaron heridos por la explosión de granadas de 155 milímetros, lo que habría generado desplazamiento forzado hacia la cabecera municipal de El Tarra.
El ELN denuncia heridos civiles y una estrategia que «perpetúa la guerra»
Silvana Guerrero identificó a las víctimas como Élfido Galván, Lucía Amparo Guerrero y Ángel Yadamiel Ascanio, quienes, según dijo, fueron alcanzados por el estallido de las granadas lanzadas por las Fuerzas Militares estatales. «El gobierno puede haber cambiado, pero las prácticas criminales son las mismas, porque son parte de la doctrina militar contrainsurgente y la estrategia del enemigo interno, que busca aterrorizar y arrasar territorios enteros para la extracción de los recursos, el posicionamiento de enclaves narcotraficantes y el control de un territorio geoestratégico como la frontera entre Colombia y Venezuela», declaró la comandante guerrillera. La vocera cuestionó directamente al presidente De la Espriella: «Desde el nuevo gobierno, al igual que el anterior, justifican estas acciones criminales en la idea de golpear al ELN. Incluso por la dimensión del operativo y los alardes del impuesto presidente, al parecer falsean atacar posiciones insurgentes cuando en realidad arrojan bombas contra centros poblados y comunidades campesinas».
«No importa el gobierno, el plan es el mismo: bombardear comunidades. Para el Catatumbo, la horrible noche ni empieza ni termina. Se mantiene junto con los planes orientados por el imperio de los Estados Unidos, obedecidos por el Estado colombiano y perpetrados a través de la acción conjunta de las Fuerzas Militares y sus mercenarios narcoparamilitares»
Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN
La Defensoría del Pueblo informó que sus equipos en territorio acompañan a los heridos y han verificado que dos de ellos, una mujer de 44 años y un hombre, permanecen en establecimientos de salud. La entidad señaló que la acción militar se ejecutó en una zona donde se concentran comunidades campesinas, lo que aumenta el riesgo para la población civil en medio de la guerra que libran el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc. La crisis humanitaria en Norte de Santander, que comenzó durante la administración del expresidente Gustavo Petro, ha dejado más de 120.000 personas desplazadas, cerca de 50.000 familias confinadas y alrededor de 120 muertos por enfrentamientos en la región.
Frente a estos hechos, Silvana Guerrero hizo un llamado a entidades y organismos defensores de derechos humanos para «contribuir en la búsqueda de mecanismos humanitarios que permitan la protección de las comunidades afectadas». El Frente de Guerra Nororiental del ELN anunció que seguirá «confrontando los planes imperiales y sus agentes militares y paramilitares», mientras que las autoridades mantienen una recompensa de más de 1.600 millones de pesos por la captura de la comandante. La Operación Beta representa el primer bombardeo militar ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Catatumbo desde el inicio de su mandato, en un contexto donde la violencia armada sigue castigando a una de las regiones más golpeadas del país.
