La Fiscalía General de la Nación investiga al general Federico Mejía, excomandante del Fuerte de Tolemaida y actual jefe de Educación y Doctrina del Ejército, por ordenar la liberación de un presunto narcotraficante que había sido capturado con 4,5 kilos de pasta base de cocaína. El operativo, que incluyó el despliegue de 36 militares y el uso de un helicóptero, tuvo un costo estimado superior a los 100 millones de pesos, según la denuncia que dio a conocer la revista Semana. Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2024 en la vereda El Diamante, en el municipio de El Plateado, Cauca, cuando el detenido, identificado como Melciades Guaca Armero, fue interceptado con la droga.
Tras la captura, el detenido fue trasladado a Popayán para los procedimientos de rigor, incluyendo la lectura de sus derechos. Sin embargo, los soldados que participaron en la operación recibieron la orden del general Mejía de devolver al hombre al lugar de la captura junto con la droga incautada. La movilización aérea para retornar al detenido costó más de 100 millones de pesos, según los cálculos de la denuncia. Entre los 36 militares involucrados se encontraban un coronel, un teniente coronel y un mayor, lo que evidencia la alta jerarquía de la cadena de mando que participó en la operación.
La justificación y las contradicciones
El general Mejía justificó la orden de liberación alegando que buscaba evitar una asonada o una reacción violenta de la comunidad. No obstante, soldados que participaron en el operativo declararon que la situación estaba controlada y que no existía una amenaza real que justificara tal medida. En respuesta a la revista Semana, el general afirmó que «en ningún momento ordené la liberación de persona alguna, entre otras razones porque no ostentaba la competencia funcional directa sobre el procedimiento». Sin embargo, la revista reveló que el general Mejía firmó un documento dirigido al entonces comandante del Ejército, Emilio Cardozo, en el que reconoce la orden de liberación y describe los detalles de la misma.
«En ningún momento ordené la liberación de persona alguna, entre otras razones porque no ostentaba la competencia funcional directa sobre el procedimiento»
General Federico Mejía, en respuesta a la revista Semana
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación por los delitos de concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial y abuso de función pública. Este caso se suma a otra investigación que ya enfrenta el general Mejía por concierto para delinquir. La indagación busca determinar si la amenaza de asonada era real o si la reacción militar fue desproporcionada, así como examinar la responsabilidad de la cadena de mando, incluyendo a los generales Helder Giraldo, Mauricio Ospina y Emilio Cardozo. La Fiscalía ha interrogado a oficiales operativos y superiores para establecer el nivel de responsabilidad de cada uno.
El fallo del Tribunal y la transparencia de la información
El Tribunal Administrativo del Cauca ordenó al Ejército entregar información sobre el caso, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública. El tribunal señaló que «no logró (Ejército) acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista». Este fallo refuerza la necesidad de transparencia en un caso que involucra el uso de recursos militares y la posible comisión de delitos por parte de altos mandos del Ejército.
«No logró (Ejército) acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista»
Tribunal Administrativo del Cauca
El caso, que se conoció a través de la denuncia de la revista Semana, ha generado un fuerte cuestionamiento sobre el uso de recursos militares y la legalidad de las órdenes emitidas por la cúpula del Ejército. La investigación de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanza mientras se espera que se determine la responsabilidad penal de los involucrados en un hecho que ha puesto en entredicho la institucionalidad militar en Colombia.
