La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS, entre ellas el exinterventor Luis Óscar Galves Mateus, por su presunta responsabilidad en la muerte del menor Kevin Acosta y por la filtración de su historia clínica. La diligencia judicial fue programada para el 24 de agosto de 2026. La decisión de la Fiscalía se da luego de establecer que la omisión en la entrega de medicamentos y la presunta alteración de los registros médicos del niño habrían sido determinantes en el fatal desenlace.
Kevin Acosta, un niño de 7 años que padecía hemofilia, falleció por la falta de un medicamento oportuno. La Procuraduría ya había concluido que la escasez de fármacos aceleró el sangrado que acabó con su vida. Además del exinterventor, los otros implicados son Nelson Ramírez Plaza, quien se desempeñó como auditor de concurrencia y exgerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. Según la investigación, la presunta omisión en la entrega de los tratamientos se suma a la alteración de la historia clínica del menor, con la que se habría intentado justificar un diagnóstico errado sobre las causas de su muerte.
Las consecuencias penales y la investigación a Petro
La imputación de cargos abre la posibilidad de penas severas para los acusados. Por el delito de homicidio culposo, cuando la víctima es menor de edad, la pena máxima alcanza los 14 años de prisión. A esto se suma el delito de violación de datos personales, cuya condena oscila entre los 4 y los 8 años de cárcel. La Fiscalía analiza si la falta de entrega de medicamentos constituye una negligencia punible, y si la filtración de datos sensibles del menor fue un acto deliberado para ocultar errores previos.
Paralelamente, la investigación se ha extendido al expresidente Gustavo Petro, quien es indagado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en calidad de garante. El abogado de la familia Acosta, Manuel Villanueva, afirmó que “el presidente Petro puede estar incurso en el delito de homicidio culposo en calidad de garante”, en referencia a su rol en la intervención de la Nueva EPS. Villanueva también señaló que “la Fiscalía está demostrando que hubo una alteración en la historia clínica con la que se pretendía dar un diagnóstico equivocado acerca de la muerte del menor”. El caso contra Petro será enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá decidir si abre una investigación formal.
«Designar un agente interventor en una entidad como la Nueva EPS debe hacerse con todo el cuidado porque se trata de salvar la salud de la mayoría de los colombianos»
Francisco Bernate, penalista
El llamado a responder penalmente incluye a cinco personas según informó Noticias RCN, entre ellas al interventor, un oncólogo pediátrico y el exgerente regional en Huila. La Fiscalía estudia si la posición de garante del expresidente Petro se sustenta en su rol como máximo responsable de la intervención de la Nueva EPS, que derivó en omisiones en el tratamiento médico del menor. Mientras la audiencia del 24 de agosto de 2026 definirá el futuro inmediato de los cuatro imputados, la sociedad espera que el caso siente un precedente sobre la responsabilidad en la prestación de servicios de salud y la protección de los datos de los pacientes.
