La Veintitrés consultó la opinión de varios congresistas de Caldas que integran la Comisión Bicameral creada para hacer seguimiento a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto y aquí les presentamos su visión sobre la respuesta del Gobierno a la tragedia
Mientras algunos destacan su rapidez, presencia territorial y capacidad de articulación, otros cuestionan la demora, la improvisación y la falta de respuestas concretas. En algo coinciden: superada la primera etapa de la emergencia, el verdadero reto es ahora la reconstrucción
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Nueve días después del terremoto del 10 de agosto, el debate comienza a cambiar de escenario.
La prioridad inicial fue salvar vidas, atender a los heridos, buscar a quienes permanecían atrapados, habilitar albergues y responder a las necesidades más urgentes de miles de familias.
Ahora aparece una pregunta de mayor alcance: ¿cómo y con qué recursos se reconstruirá el territorio afectado?
Para conocer cómo están viendo este proceso quienes tendrán desde el Congreso una responsabilidad directa de seguimiento, consultamos a cinco congresistas de Caldas que hacen parte de la Comisión Bicameral creada para acompañar y ejercer control sobre la respuesta institucional a la tragedia.
A todos se les formularon las mismas preguntas.
El resultado muestra un panorama político dividido. No existe una lectura única sobre la actuación del Gobierno Nacional. Hay quienes la consideran diligente y adecuada; otros la califican de tardía e insuficiente. Entre ambos extremos aparece una posición que reconoce los aciertos de la primera respuesta, pero advierte que todavía falta convertir los anuncios en decisiones, recursos y programas concretos.
Sin embargo, al cruzar las respuestas aparece una coincidencia de fondo: la emergencia inmediata no puede hacer perder de vista la magnitud de la reconstrucción que viene.
Un Gobierno visto desde dos orillas
Juan Manuel Londoño tiene una valoración positiva de la actuación nacional. Considera que el Gobierno fue diligente desde el primer momento y destaca especialmente la presencia del presidente Abelardo De La Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo en Caldas.
Para Londoño, la presencia de altos funcionarios en el territorio demuestra que la emergencia ha sido asumida como una prioridad nacional. También destaca la articulación entre autoridades locales, departamentales, organismos de socorro y Gobierno Nacional.
Mateo Hidalgo comparte esa lectura. Califica de “fantástica” la respuesta del Gobierno y pone el acento en la reacción de los alcaldes, la Gobernación, el sector privado, las universidades, los gremios y la ciudadanía.
Su valoración está marcada además por una consideración política y temporal: se trata, recuerda, de un Gobierno que apenas llevaba una semana cuando ocurrió el terremoto y que, en su opinión, reaccionó rápidamente frente a la magnitud de la tragedia.
Juan Manuel Correa se ubica en un punto intermedio.
Considera acertada la respuesta inmediata, especialmente por la presencia del Gobierno Nacional en las regiones y el acompañamiento a gobernadores y alcaldes. Pero introduce una advertencia: los anuncios iniciales deberán transformarse en instrumentos jurídicos, presupuestales y administrativos capaces de sostener la reconstrucción.
Para Correa, esa tarea necesitará una verdadera gerencia nacional y la participación conjunta del Gobierno, el sector privado y las diferentes fuerzas sociales.
Las otras dos voces son mucho más críticas.
Santiago Osorio sostiene que la respuesta nacional fue “tardía e improvisada en varios frentes”. Cuestiona la situación en la que encontró la emergencia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la falta de empalme entre gobiernos y las dificultades que, según afirma, se presentaron para la llegada de ayuda internacional.
También plantea interrogantes sobre la preparación institucional del país y sostiene que una tragedia de estas dimensiones exige respuestas que no pueden depender exclusivamente de decisiones tomadas desde Bogotá.
Carlos Mario Calvo comparte buena parte de esas críticas. Su conclusión es más contundente: considera que el Gobierno Nacional no ha dado una respuesta efectiva a los damnificados y reclama un plan concreto para ayuda humanitaria, subsidios de arrendamiento y reconstrucción de viviendas.
También cuestiona el manejo de la cooperación internacional y reclama que los organismos y países dispuestos a ayudar puedan hacerlo de manera efectiva.
El territorio, el primer frente de respuesta
Más allá de las diferencias sobre el Gobierno Nacional, hay un reconocimiento transversal al trabajo realizado en Caldas.
Londoño destaca la labor de los alcaldes de Manizales, Chinchiná, Anserma y Supía y habla de una respuesta institucional articulada.
Correa también reconoce el liderazgo del gobernador de Caldas y del alcalde de Manizales, así como el esfuerzo de los alcaldes de municipios de quinta y sexta categoría que, pese a sus limitaciones financieras y técnicas, asumieron la primera línea de atención.
Su preocupación es precisamente esa: las administraciones locales no tienen capacidad económica suficiente para asumir solas una reconstrucción de esta magnitud.
Osorio coincide desde una perspectiva diferente. A su juicio, los gobiernos locales estuvieron más cerca de las comunidades y terminaron asumiendo buena parte de la primera respuesta con recursos y competencias limitados.
Calvo pone especial atención en los municipios pequeños. Recuerda que las administraciones de sexta categoría carecen de recursos suficientes para responder a familias que perdieron viviendas, bienes e incluso seres queridos. Al mismo tiempo, reconoce el trabajo realizado por los organismos de socorro durante las primeras horas de la tragedia.
El verdadero desafío: reconstruir
Es en este punto donde las cinco posiciones comienzan a acercarse.
La emergencia inmediata puede estabilizarse, pero la reconstrucción será un proceso de meses y, probablemente, de años.
Londoño considera prioritario avanzar en vivienda, infraestructura y recuperación de servicios esenciales, con especial atención a las zonas rurales, donde muchas necesidades pueden no ser visibles desde los centros urbanos.
Correa propone mirar especialmente hacia la vivienda rural. Su planteamiento es desarrollar modelos de autoconstrucción con materiales que puedan transportarse hasta los lugares más apartados y acompañar técnicamente a las familias.
También advierte sobre otro problema: las estructuras afectadas que necesitan estudios especializados para determinar si pueden ser recuperadas o deben ser demolidas. En muchos municipios, dice, no existen los recursos ni la capacidad técnica suficientes para tomar rápidamente esas decisiones.
La reconstrucción, además, no puede limitarse a las viviendas.
Correa llama la atención sobre los bienes patrimoniales, muchos de ellos iglesias y edificaciones de interés cultural que requieren procedimientos y recursos diferentes.
Calvo incorpora otro elemento fundamental: la recuperación económica.
Negocios, empresas y locales resultaron afectados por el terremoto. Sin una estrategia de reactivación, advierte, el desastre puede prolongarse en forma de desempleo, pérdida de ingresos y afectación del mínimo vital de numerosas familias.
La pregunta por los recursos
Aquí aparece una de las mayores preocupaciones compartidas: ¿de dónde saldrá el dinero para reconstruir?
Londoño propone flexibilizar temporalmente el uso de recursos territoriales y del FONPET y plantea la creación de un fondo que proteja los ingresos de los municipios afectados. También propone declarar la reconstrucción del Eje Cafetero como Proyecto Estratégico Nacional.
En el corto plazo, plantea una herramienta concreta: bancos de materiales para que las familias puedan iniciar reparaciones de viviendas con elementos como cemento, ladrillos y tejas.
Osorio plantea un Fondo Nacional de Reconstrucción, de origen público, con criterios de asignación transparentes y mecanismos de veeduría del Congreso y la ciudadanía.
Su posición es clara: la solidaridad privada es bienvenida, pero la reconstrucción no puede convertirse en una responsabilidad que el Estado delegue en los particulares.
Correa mira hacia el presupuesto de la próxima vigencia fiscal y considera necesario asegurar desde ahora los recursos que deberán destinarse a las zonas afectadas.
También plantea mecanismos para que los municipios puedan acceder al Sistema General de Regalías y reclama apoyo para las instituciones de salud afectadas.
Control político: una responsabilidad que apenas comienza
Los cinco congresistas hacen parte de la Comisión Bicameral que tendrá que vigilar la actuación del Gobierno y el destino de los recursos destinados a la emergencia y reconstrucción.
Y aquí también aparecen matices.
Para Osorio, el Congreso debe ejercer un control político fuerte sobre las entidades responsables y utilizar sus herramientas legislativas para impulsar cambios estructurales, entre ellos la Ley de Competencias.
Londoño se define como un articulador entre los municipios y el Gobierno Nacional para gestionar recursos y hacer seguimiento a que las respuestas efectivamente lleguen a las comunidades.
Calvo habla de una vigilancia especialmente rigurosa sobre los recursos nacionales e internacionales y reclama que la reconstrucción llegue a todos los territorios y familias, sin discriminación política.
Hidalgo también asume una posición de vigilancia. Advierte que los recursos que lleguen, tanto públicos como privados, deben ser protegidos para evitar que sean desviados o utilizados de manera indebida.
Correa, además, anuncia iniciativas legislativas concretas. Entre ellas, un proyecto para exonerar del pago asociado a las licencias de construcción cuando estas correspondan a procesos de reconstrucción, manteniendo los procedimientos técnicos y urbanísticos.
Cinco voces y una tarea común
Las posiciones políticas son diferentes.
También lo son las evaluaciones sobre la actuación del Gobierno Nacional.
Pero el cruce de las cinco posiciones deja una conclusión que va más allá de las diferencias partidistas: la atención de la emergencia no puede confundirse con la reconstrucción.
Lo primero era responder a la tragedia. Lo segundo será reconstruir el territorio.
Y esa segunda tarea plantea preguntas mucho más difíciles: qué viviendas se reconstruirán, dónde, con qué normas y recursos; qué ocurrirá con las estructuras que permanecen en riesgo; cómo se recuperarán hospitales, escuelas y servicios públicos; cómo se protegerá el patrimonio; cómo se reactivará la economía; cómo se garantizará que la ayuda llegue también a las zonas rurales y a los municipios más pequeños.
Pero hay una pregunta que atraviesa todas las demás:
¿Quién tendrá la responsabilidad de conducir una reconstrucción de esta magnitud y cómo se garantizará que cada peso destinado a ella llegue a quienes realmente lo necesitan?
Esa será, probablemente, la verdadera prueba para el Gobierno Nacional, la Gobernación, las alcaldías y también para la Comisión Bicameral del Congreso.
Porque la emergencia tuvo un día de inicio.
La reconstrucción apenas comienza.
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